El Tribunal Supremo cierra el caso del padre del derecho al olvido
El alto tribunal reconoce el derecho de Mario Costeja, que llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a que el buscador Google elimine referencias suyas desfasadas
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El Tribunal Supremo cierra el caso del padre del derecho al olvido / CADENA SER
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Madrid
La sala tercera del Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia sobre el caso de Mario Costeja, el gallego defendido por el letrado Joaquín Muñoz, que consagró en España el derecho al olvido. El Alto Tribunal no se separa de su jurisprudencia y reconoce el derecho de Costeja a que se borren del universo web sus referencias desfasadas y perjudiciales pero insiste en que ese derecho debe ejercitarse ante Google Inc. en Estados Unidos, a través de la Agencia de Protección de Datos, y no ante Google España.
El caso de Mario Costeja es el caso de David contra Goliat. En 2009 intentó, sin éxito, primero que el diario La Vanguardia y después Google borraran unas entradas que revelaban deudas que había contraído años atrás junto a su mujer con la Seguridad Social. Costeja estaba ya libre de cargas y divorciado.
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En 2010 ganó la primera batalla y consiguió que la Agencia de Protección de Datos le diera la razón frente al gigante de California. La agencia determinó que Google tenía que "adoptar las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso a los mismos". La Audiencia Nacional tuvo dudas y planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avaló la tesis de Costeja. La sentencia obligó a Google España a retirar las referencias desfasadas del demandante.
Ahora el Tribunal Supremo confirma esta decisión aunque matiza, en línea con sus sentencias anteriores, que no es Google España quien debe eliminar esas entradas porque "no desarrolla ninguna actividad de tratamiento de datos, no interviene en la actividad del buscador y se limita a una actividad de promoción publicitaria". Los magistrados insisten en que debe hacerlo Google Inc en Estados Unidos porque "es el responsable del tratamiento al que deben exigirse e imponerse las obligaciones derivadas del ejercicio del derecho al olvido y al que corresponde las medidas oportunas para su cumplimiento".