La trama de consultorías depositaba el dinero en una única cuenta en Andorra

Madrid

Andorra era el destino del dinero que durante dos años la trama desmantelada de consultorías y asesorías obtenían por parte de sus empresarios amigos. Según fuentes de la investigación muchos de los beneficios que obtenía la consultora Efial por parte de estos constructores a cambio de los contratos amañados que conseguían desde los ayuntamientos, acabaron en una única cuenta depositada en Andorra que de momento sigue abierta.

La cuenta está a nombre de un empresario catalán, Jaume Sabater, dueño de la empresa OCPS Auditores y Consultores y presidente de la sociedad andorrana Universal Gestió. Ayer la Guardia Civil se personó en Andorra y no se lo pudo detener porque no se había cursado la orden internacional de detención. Los investigadores ya han cursado una comisión rogatoria a Andorra para obtener datos del empresario y de la cuenta bancaria que ha sido rastreada.

A la espera de analizar la documentación que se ha incautado en los registros practicados en diferentes ayuntamientos, despachos y domicilios particulares, la Guardia Civil tiene constancia de al menos seis contratos amañados entre empresarios, consultorías y entes públicos empresariales. Estos contratos confirman el modus operandi de la trama y han servido al juzgado número 1 de El Vendrell a poner en marcha esta operación.

Entre los últimos registros que se practicaron ayer está el del despacho de la interventora de los cuatro ayuntamientos investigados en Madrid: el ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, el de Velilla, el de Chinchón y el de Miraflores. Según fuentes de la investigación este registro y la implicación de la interventora corrobora que la trama llegó incluso a pesos tan importantes de los consistorios para dar apariencia de transparencia a algo que era completamente fraudulento. Se da la circunstancia de que en uno de estos ayuntamientos trabajó también una empresa de la Operación Púnica.

La Operación Térmyca sigue abierta. De momento no se prevén más detenciones, pero continúan los registros y la entrega de requerimientos en los diferentes consistorios. En total se firmaron 48 entradas y registros en ocho ayuntamientos de Tarragona y Madrid, en doce sociedades mercantiles, en siete entidades públicas, en siete despachos profesionales y en 14 domicilios particulares. Además, se hicieron quince requerimientos judiciales a diferentes ayuntamientos ubicados en otros puntos de España, como Castellón, Baleares, Cádiz, Lleida, Barcelona, Guadalajara, Huelva y Granada.

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