Educación reconoce que sólo tres comunidades han realizado correctamente la prueba de sexto
El departamento que dirige Méndez de Vigo ha enviado requerimientos a 7 CC AA y cartas a otras 7 relacionadas la evaluación de final de Primaria.
El ministro de Edución, Íñigo Méndez de Vigo, durante ún acto ayer en Madrid. / Javier Lizón (EFE)
Madrid
La prueba de sexto de Primaria, que los alumnos han tenido que hacer este año por primera vez, está resultando un fiasco. Sólo tres comunidades autónomas la han realizado correctamente y tal como establece la LOMCE, al menos hasta el momento, según el propio ministerio de Educación. El departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha enviado requerimientos o cartas a las otras 14 comunidades, incluidas dos gobernadas por el PP.
Los requerimientos han sido para Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares. El ministerio entiende que la regulación autonómica que han aprobado sobre la prueba de sexto no se ajusta a la LOMCE. Cataluña realizó la prueba a principios de mayo. Las comunidades Gobernadas por el PSOE anunciaron hace unas semanas que dejarían en manos de los centros educativos si esa prueba se hacía con o sin exámenes.
Educación ha enviado además cartas de demanda de información a Asturias, Castilla- La Mancha y País Vasco que aún no han aprobado la regulación de esta prueba de sexto y a Navarra y Canarias para que aclaren o solucionen algunos puntos de su normativa.
También se ha solicitado información a dos comunidades gobernadas por el Partido Popular: Galicia y Castilla León por "desajustes menores", según un portavoz, en la realización de las pruebas. Los consejeros de estas comunidades han reconocido que han usado profesores de los centros en los exámenes cuando la LOMCE establece que deber ser docentes de otros colegios.
El ministerio reconoce, por tanto, que solo tres comunidades han realizado la prueba ajustándose a lo que establece la ley: Madrid, Murcia y La Rioja.
El ministro Méndez de Vigo advirtió en la última conferencia sectorial que llevaría a los tribunales a quienes no cumplieran con lo que establece la LOMCE.
