260.000 personas acreditan que no están en el registro de delincuentes sexuales
En el fichero hay 40.661 condenados por delitos sexuales que no pueden trabajar con menores
Cadena SER
Madri
El ministerio de Justicia ha emitido 260.000 certificados desde la puesta en marcha hace algo más de dos meses, el pasado uno de marzo, del Registro de Delincuentes Sexuales. Ese documento es obligatorio para todos aquellos profesionales que trabajen con menores. Tienen que acreditar que no están en el registro.
Así lo establece la nueva ley de protección a la infancia aunque Justicia no establece ningún plazo para solicitar un documento que levantó polémica y críticas. Sindicatos de docentes y pediatras denunciaron que se criminaliza a todos los trabajadores y no respeta la presunción de inocencia.
La norma habla de contacto habitual con menores. Es ambigua porque no especifica las profesiones. Hay algunas clarísimas: maestros, monitores, pediatras, catequistas. Otras no tanto. La Plataforma de la Infancia, que apoya el fichero de pederastas, pide sin embargo al Gobierno un protocolo que concrete la lista de trabajos para los que es imprescindible este certificado negativo.
El director de la Plataforma Ricardo Ibarra pone un ejemplo: "un trabajador de un hotel que trabaja como animador tiene un contacto puntual con los niños, por lo que resulta dudoso que se le pueda exigir el documento, este es el margen de ambigüedad donde se necesita una recomendación o un protocolo que clarifique en qué profesiones es absolutamente necesario y en cuales recomendable".
Según los datos del ministerio de Justicia, en el Resgistro figuran ahora mismo 40.661 delincuentes sexuales con sentencia firme. Ninguno puede dedicarse a alguna actividad relacionada con la infancia. 2.500 son menores de edad, representan el seis por ciento. Todos están condenados por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual (violaciones y agresiones sexuales, abusos, acoso, exhibicionismo, pornografía) o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Toda la información sobre las personas incritas en el registro, perfil genético incluido, no es pública. Solo la justicia y la policía la pueden utilizar. Los pederastas permanecerán en el fichero como mínimo 30 años. Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos o Canadá cuentan con un fichero similar.
