El Senado brasileño seguirá con el proceso de destitución de Rousseff
El presidente del Senado brasileño rechaza la suspensión del trámite para un juicio contra la mandataria decidido por el jefe interino del Congreso y determina la continuidad del proceso
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff / UESLEI MARCELINO (Reuters)
"Es una decisión intempestiva", que "no tiene ninguna cabida" en el proceso democrático y que "no puede ser aceptada", ha dicho el presidente del Senado al iniciar una sesión en el pleno del Senado, en referencia a la suspensión del proceso con Roussef anunciada por el presidente interino de la Cámara Baja, Waldir Maranhao.
Calheiros califica de "extemporánea" la decisión de Maranhao y defiende que había sido adoptada "cuando el Senado ya discute el asunto desde hace varias semanas". Además detalla que "ya ha habido lectura de informes sobre el caso, se ha elegido una comisión especial" que analiza la base jurídica de los cargos y "ha habido diez sesiones que han supuesto casi 70 horas de trabajo" en las que se ha escuchado a la defensa y a la parte acusadora.
"Este decisión ahora, es totalmente intempestiva" y "no puede ser aceptada", ya que "no se puede aceptar que se juegue de ese modo con la democracia" o que se "avale un atraso del proceso" contra Rousseff, declara Calheiros. Por tanto, se matiene la votación para el próximo miércoles que, de salir adelante por dos tercios de sus representantes, iniciaría el juicio de la líder del Partido de los Trabajadores.
Horas antes el presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhão, atendía el recurso de la Abogacía General que pedía la anulación de la votación de la Cámara del pasado 17 de abril por un defecto de forma. Ese domingo una amplia mayoría del Congreso había aceptado comenzar el proceso para judicializar a la presidenta brasileña por 367 diputados a favor contra 146.
Maranhão consideraba que los partidos implicados en la votación dirigieron el voto de sus diputados, algo que “para un asunto de esta categoría”, es una práctica que no está permitida. Cinco partidos de la oposición habían denunciado a Rousseff ante la Policía por la supuesta compra de votos antes de iniciar la sesión en el Congreso.
Rousseff ha sido acusada de alterar las cuentas del Estado haciendo uso de los fondos de bancos públicos para reflejar un resultado ficticio equilibrado. Su judicialización final implicaría su salida de la presidencia al menos durante 180 días para desarrollar un veredicto político en el Senado que podría confirmar su salida definitiva del cargo. Durante ese periodo, el vicepresidente Michel Temer ocuparía su lugar.
