El tribunal estudia si expulsa a Manos Limpias del 'caso Nóos'

Palma de Mallorca

La Operación Nelson ha eclipsado la declaración como testigo en el juicio del caso Nóos del asesor de la Casa Real, Carlos García Revenga. El letrado de Diego Torres ha pedido al tribunal que expulse al pseudosindicato Manos Limpias del juicio, después de que la Audiencia Nacional haya descabezado su cúpula, y que pida a este órgano judicial copia del auto del juez Santiago Pedraz. Manuel González Peeters acusa a Manos Limpias de "disfrazar de interés general intereses particulares", de cometer "actos ilícitos" y de tener "intereses espurios".

La defensa de la infanta Cristina, a quien ha sentado en el banquillo únicamente la acusación popular, se ha opuesto a la petición al entender que la Operación Nelson está en fase indiciaria. El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, ha pedido también copia de la causa y "testimonios sobre el funcionamiento del sindicato y su financiación" antes de decidir. Por su parte, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha defendido su continuidad porque no se han adoptado medidas contra el pseudosindicato que "funciona con total normalidad" ya que la causa se sigue contra personas físicas y no jurídicas.

El tribunal tiene ahora que tomar una decisión aunque la presidenta Samantha Romero ya ha mostrado sus cartas durante el intercambio de palabras que ha tenido con las partes, en ocasiones bronco, como el episodio protagonizado con la abogada del Estado, Dolores Ripoll. Romero le ha pedido "rigor como jurista" y le ha preguntado "en base a qué se adhiere a la petición" cuando la investigación contra Manos Limpias es "una causa embrionaria de la que no tenemos conocimiento y sobre la que no hay sentencia". Por eso, ha reclamado "respeto a la presunción de inocencia porque parece que es más importante lo que pasa fuera que dentro de la sala”.

Operación Nelson

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y la fiscalía sostienen que Ausbanc y Manos Limpias trataron de cobrar tres millones de euros al Banco Sabadell y a La Caixa a cambio de retirar la acusación a la infanta Cristina para la que el pseudosindicato pide 8 años de cárcel como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales. El auto recoge las gestiones realizadas para conseguir el cobro, además de intervenciones telefónicas. En una de ellas, después del interrogatorio a Cristina de Borbón, Pineda reconoce que la abogada de la acusación popular, Virginia López Negrete, ha sido "muy dura" pero que "luego tendrá que llegar velas y punto".