Vitoria exime a Alfonso Alonso de acudir a juicio por el alquiler gravoso de unos locales
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha renunciado expresamente a que los nueve imputados al juicio por el 'caso San Antonio', entre ellos el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, acudan a la sala de vistas en el Tribunal de Cuentas
Alfonso Alonso saluda a Javier Maroto, en una imagen de archivo. / EFE
Madrid
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha renunciado expresamente a que los nueve imputados al juicio por el caso San Antonio, entre ellos el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, acudan a la sala de vistas en el Tribunal de Cuentas. Los abogados del Consistorio, que figura como parte acusadora, renunciaron a la posibilidad legal de interrogar en persona a los imputados, según han reconocido fuentes del municipio, porque se trata de un asunto muy técnico y para evitar la “pena del telediario”.
El departamento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas celebrará un juicio contable contra el exalcalde de Vitoria actual ministro, el vicesecretario sectorial del PP Javier Maroto y otros siete miembros del equipo municipal de la capital alavesa en 2007 por el alquiler gravoso de unos locales.
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Medio millón de euros
El fiscal del Tribunal de Cuentas se ha ratificado en que el daño a las arcas municipales ronda el medio millón de euros, cuantía que se impuso como fianza a la junta de gobierno del consistorio que adoptó la decisión de alquilar el local en 2007, cuando Alfonso Alonso era el alcalde de Vitoria y Javier Maroto era concejal de Hacienda.
El tribunal decidió abrir juicio al apreciar una posible "responsabilidad contable" por parte del entonces gobierno local por el alquiler firmado en 2007 por un periodo de 20 años de unos locales para albergar oficinas municipales en la calle San Antonio de Vitoria, ya que pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, una renta 2.332 euros superior a la recomendada por los técnicos municipales.
Contrario al interés publico
El tribunal estimó las demandas presentadas contra esta gestión presuntamente irregular por el Ayuntamiento de Vitoria, ahora gobernado por el PNV, y la formulada de forma conjunta por PNV y PSE.
El llamado caso San Antonio se inició en el propio Ayuntamiento de Vitoria después de que en 2014 una comisión de investigación concluyera, con los votos en contra del Partido Popular, que entonces gobernaba el municipio, que Alonso y Maroto tuvieron una “responsabilidad directa” en la firma de este contrato, que “fue claramente contrario al interés público”. De ahí el caso pasó al Tribunal de Cuentas y también derivó a la Fiscalía de Álava, que en marzo del pasado año acordó archivar las diligencias abiertas al estimar que no existía “ilícito penal alguno”.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
