La Audiencia Nacional envía a juicio a la cúpula de la CAM
La juez Carmen Lamela sienta en el banquillo a los ocho principales responsables del saqueo de la caja alicantina por falsedad, estafa y apropiación indebida entre otros delitos, y les exige una fianza de 1.600 millones de euros. La Fiscalía les pide hasta 7 años y medio de cárcel
Protesta ante la sede de Alicante de la antigua CAM / Cadena Ser
Madrid
La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha ordenado la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por delitos de falsedad en las cuentas anuales e información social, delito relativo al mercado y a los consumidores, manipulaciones informativas, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y estafa agravada.
Además, el juez impone una fianza de 1.592 millones de euros a depositar en 24 horas como responsabilidad civil a estos ocho exdirectivos, que son el expresidente Modesto Crespo; los exdirectores generales Roberto López Abad y Dolores Amorós; y Teófilo Segorb; Vicente Soriano; Francisco José Martínez; Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.
La resolución considera que deben responder de dicha cantidad como responsables civiles subsidiarios el Banco Sabadell, la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo, y la aseguradora Caser como responsable civil directo.
En el juicio, la Fiscalía reclamará a los acusados penas de entre 10 meses y siete años y medio de prisión para los principales responsables, que para el Ministerio Público son los exdirectores generales López Abad y Dolores Amorós.
Orquestaron un plan para falsear las cuentas
Los dirigentes, según el juzgado, "orquestaron un plan para falsear las cuentas", con el objetivo de propiciar la fusión de la entidad. Para ello, comunicaron beneficios de 60 millones en 2011 cuando la CAM daba pérdidas por más de 1.100 millones, y se aprobaron indemnizaciones y retribuciones indebidas en plena crisis por más de 47 millones.
El juzgado número 3 de la Audiencia ya recalcó en el auto por el que proponía el juicio a los ocho exdirectivos que los estados financieros de la caja en 2010 y 2011 "ocultaban la realidad", "agravaron la situación de insolvencia", "perjudicaron a los inversores", y demoraron la adopción de medidas para evitar lo que finalmente ocurrió: el rescate de la entidad mediante 5.249 millones de dinero público. Después fue vendida al Banco Sabadell por el precio simbólico de 1 euro.
Más de 47 millones en "dietas y retribuciones indebidas"
Según un informe del Banco de España, clave para el proceso, la caja alicantina falseó en 2010 y 2011 los ratios de morosidad y los criterios de contabilización de créditos entre otros aspectos, para "la publicación de unos beneficios superiores a los que deberían haber sido" según el informe, que censura los 47,3 millones cobrados de forma "indebida" por sus directivos en época de crisis —entre 2005 y 2011—, en forma de prejubilaciones, pagas de beneficios o incentivos, dietas y otras retribuciones variables.
El agujero del ladrillo
Según el mismo informe, Roberto López Abad, director general entre enero de 2001 y noviembre de 2010, fue el artífice de la participación de la CAM en 65 sociedades del sector inmobiliario y 104 proyectos urbanísticos como los de Polaris o 'el Pocero', que causaron un agujero en la caja de 1.100 millones de euros.
