Niegan la movilidad a una funcionaria que no declaró contra su maltratador
CSIF denuncia fallos en el protocolo para empleadas públicas víctimas de violencia de género
Cadena SER
Madrid
El sindicato CSIF denuncia fallos en el protocolo para la movilidad laboral de las empleadas públicas víctimas de la violencia de género. Y lo hace con un caso real: la administración está negando el traslado laboral a una funcionaria en situación de riesgo.
María es una de las 16.000 mujeres que cada año renuncian al proceso judicial y se acogen a la dispensa legal para no declarar contra su pareja. Ella no lo hizo por pena, por vergüenza, por una hija pequeña que tienen en común y porque un familiar de su exmarido la convenció para que no diese ese paso.
Por estos motivos, la denuncia que presentó contra él por maltrato físico y psíquico se archivó en 2011. Firmó el convenio de divorcio con régimen de visitas para su exmarido. Afirma que desde hace casi un año, él utiliza a la niña, de nueve años, para acosarla.
Ahora María se arrepiente de haber renunciado. Hoy haría todo lo contrario. "Hoy hubiese entrado en el juicio dispuesta a declarar contra él porque, sinceramente, creo que mi renuncia lo que hizo fue provocar que él se haya crecido. Intentas evitar shows y lo que haces es darles alas a ellos".
Esta funcionaria dice que se siente desamparada y su hija desprotegida. No puede solicitar el traslado profesional para víctimas de violencia dentro de la administración pública porque la ley exige como requisitos o bien una sentencia condenatoria o bien un procedimiento en curso.
