El fin de El Algarrobico se retrasa

Madrid

 En su primera reunión tras la sentencia del Tribunal Supremo que establecía que este polémico hotel se había construido en “suelo no urbanizable”, el Gobierno central y la Junta de Andalucía han reafirmado su “compromiso” para demoler lo que han calificado como símbolo de destrucción del litoral.

Sin embargo, el proceso sigue sin avanzar en la práctica, porque, de momento, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, sólo han acordado la puesta en marcha de una comisión mixta para estudiar la sentencia del Supremo.

Su objetivo es la demolición de este hotel situado en una playa virgen del Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería, pero ambas administraciones aseguran que se trata de un asunto difícil y que hay que actuar con cautela, porque "queremos que la demolición se haga con todas las garantías y en el menor tiempo posible", han aclarado ambos responsables políticos, aunque no han querido aportar fechas concretas.

Compartir gastos

El Ministerio de Medio Ambiente colaborará al 50% tanto en los gastos de demolición y restauración ambiental de la zona, cuyo coste se calcula en unos siete millones de euros.

Pero todavía faltan más trámites antes de que las máquinas puedan empezar a derribar las paredes de este hotel. La Junta de Andalucía, que otorgó la licencia necesaria para que se pudiera construir este complejo, más tarde la recurrió ejerciendo un derecho al retracto que le fue concedido, y ahora tiene que inscribir los terrenos en el registro para que figuren como de su propiedad y pueda ejecutar la demolición.

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