El juez sienta en el banquillo a la cúpula de Camps por financiación ilegal del PP
El juez José De la Mata abre juicio oral contra los dos hombres fuertes nombrados por el expresidente valenciano, Francisco Camps, tanto en el Gobierno regional como en el PP
Se sentarán en el banquillo el vicepresidente primero del Consell y el secretario general del PPCV, Vicente Rambla y Ricardo Costa respectivamente, y otras 18 personas, por la financiación ilegal de las campañas electorales del PP en 2007 y 2008
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps (abajo dcha); el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla (abajo izda), y el portavoz del grupo popular, Ricardo Costa (arriba dcha), en el pleno de Les Corts Valencianes del 16 de octubre de 2008. / EFE/Juan Carlos Cárdenas
Madrid
El juez sienta en el banquillo a los dos hombres de la estricta confianza de Francisco Camps, a quienes nombró para controlar el Gobierno regional, y el partido popular: A Vicente Rambla, que fue el vicepresidente primero del Consell de Camps, y a Ricardo Costa, su secretario general y tesorero en el PP valenciano.
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La fiscalía les pide seis años y medio, y siete años y nueve meses de cárcel respectivamente, por la financiación ilegal del PP –delitos electorales de las campañas de 2007 y 2008-, y por falsedad continuada en documento. Y la acusación va contra ellos porque eran "los interlocutores", los firmantes.
Según el auto del juez, el PP de Camps encargó actos electorales a Orange Market, la marca valenciana de la Gürtel, por 3.4 millones de euros que “no facturó ni contabilizó, ni fueron declarados” a Hacienda. Además, fueron ocultados al Tribunal de Cuentas, que recibió balances amañados del PPCV.
Empresarios que contrataban con la Generalitat valenciana pagaron a la trama una parte de esa cantidad, hasta 1,2 millones, con facturas falsas por servicios no prestados. El resto, 2,2 millones, fueron abonados supuestamente desde la caja B del PP que presidía Francisco Camps.
Además de a Rambla y Costa, el juez sienta en el banquillo a otros tres antiguos cargos del PP valenciano, y a otras 15 personas, entre la cúpula de la organización y los empresarios pagadores. Entre estos empresarios, se encuentran Enrique Ortiz, también implicado en el caso Brugal; Gabriel Batalla, de la empresa Lubasa; Enrique Gimeno, de la castellonense FACSA; los hermanos Antonio y Alejandro Pons, de la firma Piaf; o Vicente Cotino, el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.
Según el auto del juez, éstos sufragaban pagos de servicios adeudados por el PPV a Orange Market, mediante contratos "que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios". Estas empresas, según explica el auto, pertenecían a grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración Pública Valenciana.
La investigación de todos estos años permite concluir, según de la Mata, la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del partido popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte presuntamente, en dinero " con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B Orange Market y la del grupo)".
En el desarrollo de esas campañas electorales, según explica De la Mata, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente. Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, "los acusados integrados en el PP de la Comunidad Valenciana, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".
