El presidente de Acuamed admite ahora que conocía el fraude y el acoso laboral
El secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Pablo Saavedra, recibió tres denuncias sobre graves irregularidades en los contratos y acoso laboral en la empresa pública a las que nunca contestó. Saavedra afirmó en la SER que se enteró "por la prensa" al estallar el escándalo de las represalias contra los trabajadores que denunciaban, pero ahora admite que fue informado en verano de 2015
Madrid
El secretario de Estado de Medio Ambiente desde finales de junio de 2015 y como tal y desde entonces, presidente de la empresa pública Acuamed, Pablo Saavedra, recibió tres cartas los días 6, 14 y 28 de julio de ese año de la ingeniero y directivo de Acuamed, Gracia Ballesteros, en las que denunciaba con detalle las graves irregularidades que se estaban produciendo en contratos que ahora investiga la justicia. Son cartas que han sido incorporadas al sumario y a cuyo contenido ha tenido acceso la Cadena SER. Se trata de misivas idénticas a una cuarta, remitida el 19 de junio de 2015 por la misma trabajadora al antecesor de Saavedra, Federico Ramos, quien ha dimitido por su vinculación con los hechos. Ni Ramos ni Saavedra contestaron jamás a Gracia Ballesteros.
En sus cartas, la trabajadora relataba que recibía "presiones, amenazas y descalificaciones" del director general Arcadio Mateo, y de la directora de Construcción, Gabriela Mañueco, ambos hoy en prisión, para "realizar actos que beneficiaban a determinados contratistas".
En concreto, Ballesteros informó de que se amañaron sus informes contrarios a la adjudicación a Altec de la obra para la red de abastecimiento Campello-Muxamel, con "presiones para que la empresa recibiera buena puntuación técnica".
Además, denunció "continuas presiones por parte de Arcadio Mateo" para incrementar un 10% a favor de la contratista la liquidación de las obras del río Serpis. La ingeniero afirmó que ante su "rotunda negativa" a ceder a las presiones, tanto ella como otras tres personas, fueron "apartadas" de sus responsabilidades y "sustituidas" por otros empleados.
En sus cartas, Gracia Ballesteros solicitaba el "amparo y protección" de Pablo Saavedra ante la "insoportable situación" de acoso laboral, ya que tanto Arcadio Mateo como Gabriela Mañueco, la habían sometido a mobbing, ignorándola, "destrozando" su reputación, y construyendo un "círculo de aislamiento" a su alrededor como consecuencia de su "negativa a realizar las acciones irregulares" que le eran ordenadas. Ballesteros, quien tuvo que darse de baja por el acoso y al final, fue despedida, también sostuvo en sus cartas a Saavedra que había "varios compañeros en situación grave de presiones", ya que se les "amenazaba con el despido si no acataban las órdenes irregulares del director general".
El pasado 21 de enero, el secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Pablo Saavedra, afirmó en una entrevista en Hora 25 de la Cadena SER que no había tenido conocimiento de que trabajadores hubieran sido depuestos por denunciar los hechos. Sostuvo que se enteró "por la prensa" al estallar el escándalo. “No, esta es la información que está surgiendo estos días en la prensa. Es la única información que tenemos, estamos bajo secreto de sumario”, contestaba Saavedra en aquella ocasión.
Pablo Saavedra: (sobre Acuamed): La investigación de la Fiscalía va más allá de la denuncia
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La Cadena SER se ha puesto en contacto con Saavedra, que no ofrece una respuesta. En su lugar, ha contestado el gabinete de comunicación del Ministerio de Agricultura, que admite ahora que el secretario de Estado recibió esas cartas y que no las contestó. Agricultura argumenta que no hubo respuesta, a pesar de que la trabajadora imploraba su "protección y amparo", porque Ballesteros se encontraba inmersa en un expediente disciplinario abierto por Arcadio Mateo, y el presidente de Acuamed no debía interferir en el proceso.
Agricultura añade que Acuamed creó una comisión interna para estudiar las presuntas irregularidades en los contratos en noviembre de 2014, dos meses después de ser informados de la investigación abierta por Anticorrupción. Esa comisión no adoptó decisión alguna y el acoso a los trabajadores continuó, según sus declaraciones ante el juez.