El periplo judicial del Prestige
La sentencia del caso se falló once años después de la catástrofe. Tras el descontento del Ministerio Fiscal, el abogado del Estado y la Xunta de Galicia, fue recurrida ante el Supremo
Un numeroso grupo de voluntarios realizan las labores de limpieza de fuel en la playa del faro de Lariño, en Carnota (A Coruña) / X.REY/re (EFE)
Madrid
La mayor catástrofe ecológica de España ocurrió el 13 de noviembre de 2002 frente a las costas gallegas. Un petrolero llamado Prestige comenzó a hundirse con 77.000 toneladas de fuel en su interior. El mar comenzó a mancharse de chapapote y la imagen de miles de voluntarios en sus playas ya queda para la Historia. Mientras, la gestión de los Gobiernos central y autonómico del PP empezaba a cuestionarse. La Cadena SER desveló que el primer fin de semana del desastre el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, estaba de cacería, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, en Doñana, y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, en el Pirineo catalán.
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La compleja instrucción del caso dilató el proceso. El juicio no empezó hasta 10 años después de la catástrofe y duró ocho meses: 400 horas en 89 sesiones. Declararon más de 90 peritos y casi 140 testigos, entre ellos, políticos como Álvarez Cascos.
En 2013, la Justicia absolvió a los acusados de la catástrofe de delitos contra el medio ambiente, eximió al Gobierno español de sufragar los daños, y únicamente condenó al capitán a nueve meses de prisión por desobediencia grave.
Tanto el Ministerio Fiscal como el abogado del Estado y la Xunta de Galicia presentaron recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo que este martes se ha resuelto: la Sala de lo Penal revoca la sentencia de la Audiencia de A Coruña e impone ahora dos años de cárcel al capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, por delito medioambiental.
