El juez apunta a "altos cargos de Agricultura" en los pagos indebidos a FCC
El juez Velasco sostiene en su auto por el que ordena la prisión de la cúpula de Acuamed que "cargos de alto nivel del Ministerio" del actual Gobierno en funciones, "pactaron una indemnización indebida a FCC" de 10 millones por una desaladora y que "siguiendo órdenes de la Superioridad", esta empresa fue compensada con otros 40 millones irregulares en la descontaminación de un embalse
GRA027. MADRID, 18-01-2016.- La Guardia Civil registrando la sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, por posibles irregularidades en su contratación. EFE-Víctor Lerena / Víctor Lerena (EFE)
Madrid
El auto rubricado este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, apunta a responsabilidades que van más allá de la cúpula de la empresa pública Acuamed, para la que ha ordenado prisión incondicional.
El magistrado asevera que "cargos de alto nivel del Ministerio" de Agricultura pactaron con la cúpula de FCC una "compensación indebida" para la empresa de 10 millones de euros por las obras de reparación de la desaladora del bajo Almanzora en Almería. Una compensación que fue reflejada en los presupuestos generales del Estado de 2015, y que según el juez y el directivo denunciante, Francisco Valiente, no debía pagarse porque era la propia empresa la que tenía que resolver el problema, tal y como figuraba en su contrato.
El juez relata que esa compensación no llegó a pagarse inicialmente "al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía", pero desde el Ministerio de Agricultura "han persistido en la idea" porque han mantenido el pago, aunque en cuantía inferior, en los presupuestos de 2016.
Otro proyecto bajo sospecha es la descontaminación del embalse tarraconense de Flix, adjudicada también a FCC. Asevera el juez que "siguiendo instrucciones de la Superioridad" se procedió a "compensar" a FCC con 40 millones de euros "causando un perjuicio a la Administración", cuando los técnicos honestos de Acuamed solo aconsejaban un pago de 3.5 millones de euros para completar ese trabajo. Ese dinero "ficticio" fue justificado mediante certificaciones de obra y conceptos inexistentes, o incluso mediante facturación falsa, con el apoyo de los directivos de Acuamed involucrados.
Los técnicos y ejecutivos que no accedían al engaño eran despedidos, mientras quienes cerraban los ojos ante las irregularidades obtenían un ascenso, según relata el juez. El dinero público malversado "no era de nadie" según ha llegado a declarar uno de los directivos de Acuamed implicados, tal y como recoge y lamenta, el juez Velasco en su auto.
