Piden reabrir el caso Miguel Ángel Blanco para procesar al etarra que ordenó el asesinato
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita la reapertura del procedimiento para imputar al exdirigente de ETA, 'Kantauri', por ordenar el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua en 1997, al recopilar los indicios que le incriminan de distintos sumarios
La presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, junto a la foto de su hermano, en una foto de archivo / EFE
Madrid
Por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco fueron condenados en 2006 los etarras Francisco Javier García Gaztelu e Irantzu Gallastegui Sodupe como autores materiales, además de Ibon Muñoa Arizmendarrieta como colaborador tres años antes, pero nunca fue condenado quien ordenó la acción terrorista. Y la Fiscalía cree que ahora, diecinueve años después de los hechos, ha encontrado los indicios suficientes para atrapar al autor intelectual, que no es otro, supuestamente, que el entonces principal dirigente de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, que en la actualidad cumple condena en la prisión sevillana de Morón de la Frontera.
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Los indicios incriminatorios hallados por la Fiscalía surgen de cruzar la información recabada en distintos sumarios por los que se investiga a la banda terrorista. Así, un informe policial de inteligencia de la Guardia Civil de 2002 ya atribuía la responsabilidad a Kantauri como jefe militar de ETA entre 1996 y 1999. También fueron halladas distintas cartas del terrorista etarra fechadas en verano de 1997 durante la desarticulación del comando Bizcaia, en las que insistía en "poner toda la fuerza posible" para "levantar un concejal del PP". Kantauri reiteraba en otra misiva que "si no podéis hacer un secuestro, darle en toda la cabeza".
Además, cuando fue condenado como responsable del asesinato del concejal del PP en Sevilla, Jiménez Becerril y su esposa, quedó probado que Kantauri fue el responsable del cambio de estrategia en ETA, consistente en que los miembros de todos sus comandos debían solicitarle su autorización para atentar contra políticos, a diferencia de lo que sucedía cuando la víctima pertenecía a otro colectivo como la Policía.
La Fiscalía se dirige al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que será quien decida sobre la reapertura de la investigación.
