De la Mata envía al banquillo a 6 cargos del PP por las contrataciones en Valencia
Hay 27 acusados, entre ellos 6 responsables del PP valenciano y funcionarios de la Generalitat que adjudicaron a la red de Correa “contratos irregulares con perjuicio para el erario público”
Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama Gürtel / EFE
Madrid
El titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado la apertura de juicio oral por las contrataciones del entramado dirigido por Francisco Correa con diversas consejerías del Gobierno valenciano entre 2004 y 2009, mientras era presidido por Francisco Camps. Es la conocida como pieza 5 de la Gürtel en Valencia.
En su escrito de 116 páginas, el juez sienta en el banquillo a los exconsejeros y antiguos cargos del PP en Valencia, Alicia de Miguel y Manuel Cervera, así como a Rafael Peset, David Serra, Silvia Caballer y Vicente Farnós, miembros también de este partido en Valencia y Castellón.
Entre los 27 acusados también hay cargos intermedios como la exdirectora general Dora Ibars o el vicesecretario en el momento de los hechos que después llegó a consejero de Sanidad, Luis Rosado, además de funcionarios de la administración valenciana, y los líderes de la organización como Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, para quienes la fiscalía pide la máxima pena: hasta 9 años de cárcel.
La apertura de juicio oral se produce por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento mercantil, falsificación de documento oficial y malversación de caudales públicos. El juez también impone fianzas por un total de 776.667 euros para Correa, Crespo, Álvaro Pérez y otros integrantes de la trama como Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.
El juez explica que la organización, gracias a las “especiales relaciones” establecidas con representantes del PP, autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat valenciana, consiguió “con lucrativo propósito y con perjuicio para las arcas del erario público autonómico”, la adjudicación y contratación “irregular” de “numerosos” contratos públicos en diversas consejerías, así como con organismos y empresas públicas dependientes de la Generalitat.
Para ello, actuaron de forma “concertada” con autoridades y funcionarios públicos, y realizaron “toda una serie de actuaciones tendentes a vulnerar la aplicación de la normativa reguladora de la contratación pública y alterar los documentos necesarios para conseguir tal finalidad”.
