El fiscal pedirá a la Audiencia de Palma que aplique la doctrina Botín a la infanta
El exsocio de Iñaki Urdangarin denunciará que la Audiencia le ha vetado los interrogatorios del rey y Corinna
Palma de Mallorca
El juicio por el fraude del Instituto Nóos, que arranca este lunes con las cuestiones previas, lo hará con el mismo problema sin resolver con el que terminó la investigación. Las tres magistradas que componen el tribunal escucharán los argumentos a favor y en contra de aplicar la doctrina Botín. La Fiscalía Anticorrupción se unirá a los letrados de la hermana del rey y pedirá a la sala que la aplique para exonerar a la infanta Cristina.
Esta es la postura que ha mantenido el ministerio público a lo largo de toda la investigación. Pedro Horrach, al igual que la Agencia Tributaria, considera a Cristina de Borbón responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado del dinero obtenido ilícitamente por su marido y le reclama más de medio millón de euros. Solo la acusación popular del pseudosindicato Manos Limpias la acusa de cooperar en los dos delitos fiscales presuntamente cometidos por Iñaki Urdangarin y pide para ella ocho años de cárcel.
La doctrina Botín, acuñada por el Tribunal Supremo en el año 2007, establece que la acusación popular no puede instar la apertura de juicio oral si la fiscalía y el perjudicado por el delito no sostienen lo hacen. La Audiencia de Palma ya dijo que este caso no es idéntico al del banquero porque aquí el fiscal sí que mantenía la acusación por delito fiscal a Urdangarin, mientras que en el caso de Emilio Botín no había más acusados.
Diego Torres vuelve a mirar a la Casa Real
Las cuestiones previas del exsocio de Iñaki Urdangarin vuelven a apuntar a la Casa Real. Según ha sabido la Cadena SER, se quejará de que la Audiencia le haya vetado los interrogatorios del rey Juan Carlos o de Corinna cuando en uno de los recursos le indicó que esa prueba debería practicarse en la fase de juicio oral.
También pedirá la nulidad de todo lo actuado después de que los investigadores requirieran las primeras facturas de los foros de turismo y deporte ya que Diego Torres no estaba imputado y de la información obtenida de la inspección tributaria a la que estaba sujeta Diego Torres y que se utilizó para la investigación penal. La defensa sostiene que no se puede utilizar información administrativa para el proceso penal.
