Experiencia pública, negocios privados

Madrid

Manuel Lamela Fernández, abogado del Estado de profesión, comenzó su carrera política en el año 1997, cuando se incorporó al recién inaugurado Gobierno Aznar como número dos del Ministerio de Agricultura. De allí saltó al departamento de Economía, para dirigir durante menos de un año el Gabinete del entonces ministro Rodrigo Rato. Años después, Esperanza Aguirre le reclamó y lo nombró consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un cargo que ostentó entre los años 2003 y 2007 y durante el cual licitó los ocho primeros hospitales de la era Aguirre. Si aquellos centros fueron el símbolo del entonces nuevo modelo de Aguirre, Lamela puede portar perfectamente la etiqueta de cerebro y ejecutor de la geografía sanitaria configurada por el PP en aquella primera fase de la privatización.

Abrasado políticamente por el caso Severo Ochoa, el escándalo de las acusaciones vertidas por el consejero sobre supuestas sedaciones irregulares a enfermos terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, Lamela pasó de la cartera de Sanidad a la de Transportes para abandonar definitivamente el gobierno madrileño un año después, en 2008.

Aunque carecía de experiencia en el ámbito sanitario hasta su paso por la consejería, una vez retirado de la política Manuel Lamela encontró en la sanidad privada su nuevo medio de vida.

Madrid Centro Medico fue su primera empresa sanitaria. Aunque la principal aportación provenía de los socios, el proyecto contó la ayuda pública del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La consejería de Economía, a través de Madrid Network, destinó 1,3 millones de euros para que el proyecto arrancase. El Ayuntamiento también aportó financiación, a través de la sociedad municipal Madrid Emprende. Se implicaron también en el proyecto otras instituciones como la CEIM o la Cámara de Comercio. Era el primer paso de Lamela una vez cruzada la puerta giratoria. Pero ni mucho menos el último.

La empresa que le contrata se queda con el hospital que él licitó

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Durante su etapa como consejero de Sanidad, Lamela había licitado y adjudicado la construcción y explotación del Hospital del Tajo (Aranjuez). La concesionaria fue un consorcio liderado por la constructora madrileña Hispánica. En abril de 2010, Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica, resultó imputado por un presunto pago de comisiones a la trama Gürtel y se vio obligado a vender el 100% de su empresa para hacer frente a las deudas con Hacienda. El comprador fue el grupo Essentium, que de este modo se hizo con el contrato de gestión del Hospital del Tajo. Essentium, especializada en obra civil, decidió en ese momento incorporar a un especialista sanitario para su recién creada división hospitalaria. El elegido fue Manuel Lamela Fernández. El mismo que había planificado la puesta en marcha de los hospitales público-privados en la Comunidad siendo, consejero de Sanidad. El mismo que inauguró el Hospital del Tajo y el mismo que licitó y adjudicó el contrato de 270 millones de euros del que ahora se beneficiaría la empresa para la que trabaja. Su nombramiento como miembro del consejo de administración de Assignia Infraestructuras se inscribió en el registro mercantil sólo seis meses después de la compra de Hispánica.

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Pero Assignia no sólo conseguiría contratos heredados de Hispánica, como el hospital de Aranjuez. Su negocio en la Comunidad de Madrid creció sensiblemente tras la incorporación del ex consejero. Assignia se encarga desde 2012 del mantenimiento del complejo de la Presidencia del Gobierno madrileño por una adjudicación del propio Ignacio González cuando todavía era número dos de Esperanza Aguirre. El entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, también contrató a la misma empresa para el mantenimiento de varios centros de atención primaria y del hospital madrileño de La Princesa, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. De esta manera, desde la entrada de Lamela en el consejo de administración de la compañía, en octubre de 2010, esta empresa y sus filiales consiguieron casi diez millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno madrileño. Assignia también se adjudicó de los edificios adscritos a la Vicepresidencia, a la Consejería de Cultura y Deporte y a la Portavocía del Gobierno. Todo ello hasta 2014.

En al ámbito sanitario, la empresa consiguió también el mantenimiento del Hospital de Getafe y de los distintos centros de especialidades y de salud mental que dependen del mismo: el Centro de los Ángeles, el punto de urgencias de este último y el Centro de Día de Salud Mental conocido como Calle Galicia. A cambio, la Consejería de Sanidad abonó a Acister de Servicios S.A. (filial del grupo Assignia dedicada al mantenimiento) un canon de cinco millones de euros.

A Lamela, como a su sustituto como consejero de Sanidad, Juan José Güemes, se le imputaron los delitos de prevaricación, cohecho y malversación,en la causa que investigó la privatización sanitaria en Madrid

Con todo, el entramado empresarial del exconsejero le permitió encontrar un nuevo mercado en la consultoría médica; y a sus relaciones políticas, un nuevo cliente: el Ministerio de Sanidad.

De Aguirre a Mato

En noviembre de 2013, el Ministerio de Sanidad adjudicó a sendas consultoras privadas "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica y su implantación" en los hospitales Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta. El Ministerio contrató precisamente a la empresa BAPPH (Business Assessment Plans and Projects Healthcare SL), presidida por el exconsejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela, para participar en la implantación del nuevo modelo que se pondría en los únicos dos hospitales que gestiona el Gobierno central.

Junto a la consultora de Lamela, el departamento de Ana Mato contrató también para la misma tarea a Mensor Asesores, un despacho integrado asimismo por profesionales procedentes del sector público y que forma parte del comité asesor de la fundación personal del exconsejero, Lafer. Ambas empresas se encargaron respectivamente de cada uno de los hospitales de las dos ciudades autónomas.

Lafer: un gabinete de negocios

Lafer (las siglas son un acrónimo de sus propios apellidos) tiene forma jurídica de institución sin ánimo de lucro y, de acuerdo al registro de fundaciones, su objetivo es elaborar programas formativos dedicados al impulso de los sectores sanitario, agroalimentario y de infraestructuras. Los tres en los que Manuel Lamela había trabajado como cargo público.

Entre sus asesores figuran los exministros populares Eduardo Zaplana y Josep Piqué; ex altos cargos del sector agroalimentario y sanitario como como Josep Grau i Seris, exconseller de Agricultura de Cataluña, o Josep Puxeu Rocamora, exsecretario de Estado de Medio Rural y Agua. También asesora a Lamela María Inés López-Ibor, directora médica de la Clínica López-Ibor y antes viceconsejera de Ordenación Sanitaria, Salud Pública y Consumo de la Comunidad de Madrid en la etapa de Lamela. En el consejo se sientan también Alfonso Monfort, presidente de Sanofi Aventis; y Antonio Martos, director de la consultora sanitaria Mensor.

Y Cañete

Entre los proyectos emprendidos por la fundación destacan un máster en Comunicación de la Salud y otro en Gestión de Industrias Agroalimentarias, que cuentan con un sólido respaldo empresarial e institucional.

El máster en Salud tiene entre sus patrocinadores a Capio Sanidad, Farmaindustria (patronal farmacéutica) y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. En su edición de 2013 fue clausurado por el exministro de Sanidad, y entonces presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría.

Por su parte, el máster en Gestión de Industrias Agroalimentarias de Lafer se convirtió con la llegada de nuevo de Cañete al ministerio en curso oficial del Programa de Alta Formación del Ministerio de Agricultura y el único máster en Gestión de Empresas Alimentarias avalado por dicho departamento. Aunque el acuerdo firmado entre el ministerio y la fundación no implica dotación económica directa, sí resulta tremendamente lucrativo para Lafer. La entidad cobra más de 9.000 euros a cada uno de los 25 a 30 alumnos que lo cursan anualmente. Si los alumnos desean amortizar el desembolso ampliando su agenda de contactos a alto nivel, es exactamente lo que obtendrán, ya que el departamento de Agricultura surte a la fundación de profesores que ocupan puestos de responsabilidad en el ministerio. Hasta cuatro altos cargos figuran en el claustro del curso 2013-2014. Agricultura cede además su sede en la madrileña plaza de Carlos V para los eventos del curso; y el propio Miguel Arias Cañete, como ministro, entregó los diplomas a los estudiantes de las últimas promociones.