Manuel Lamela cobró por mediar a favor de una mina de uranio ante el departamento de Arias Cañete

Madrid

Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y ahora dedicado al sector de la sanidad privada, ha sido contratado por la empresa minera Berkeley, una compañía australiana que planea un polémico y contestado proyecto energético en España, la construcción de una mina de uranio en la localidad de Retortillo (Salamanca).

A pesar de que no tiene ninguna relación con el sector de la energía, el ámbito nuclear o el entorno comunitario, Lamela ha sido contratado por Berkeley como representante de los intereses de la compañía en la Unión Europea. De hecho, el despacho profesional de Lamela figura como el único intermediario reconocido de la minera con los organismos europeos.

El fichaje de Lamela por parte de Berkeley fue registrado en Bruselas hace poco menos de un año. Fue el 26 de diciembre de 2014 cuando Lamela inscribió su despacho personal, Acountax, en el registro de lobbies de la UE declarando a la minera como único cliente y a él como único lobista autorizado. Esta inscripción se produjo solo poco más de un mes después del nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario de Energía, el 1 de noviembre de ese mismo año.

Manuel Lamela no ha trabajado nunca en el ámbito energético ni minero pero sí lo ha hecho varios años junto al ahora comisario de Energía, Arias Cañete, cuando éste era ministro de Agricultura y él, su número dos. Concretamente, trabajaron juntos desde abril de 2000 hasta diciembre de 2003, cuando Lamela ocupaba el cargo de subsecretario del departamento. En ese periodo, gestionó mano a mano con Cañete crisis como la de las vacas locas o el Prestige.

Luz verde europea

Pocas semanas después de que Manuel Lamela fichase por Berkeley, la minera hubo de someter su proyecto de mina de uranio en Salamanca al examen de la UE. El departamento competente para estudiar el proyecto no fue otro que el departamento del comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, dado que de él depende el EURATOM, el organismo responsable de coordinar los programas nucleares de los países miembros.

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Fue de hecho el propio Cañete quien firmó en mayo de este año (cinco meses después del fichaje de Lamela por Berkeley) el dictamen positivo de la Comisión Europea sobre la mina de uranio que la empresa minera pretende construir en Retortillo. Según Berkeley, “en su informe la Comisión resaltaba los progresos realizados por la empresa en el cumplimiento de las obligaciones de comunicación a la UE que establece el artículo 41 del Tratado del Euratom, al tiempo que destacaba que el proyecto de Retortillo responde a la estrategia energética de la Unión Europea”.

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Sin embargo, resulta imposible comprobar cuáles fueron los argumentos exactos del comisario para autorizar el proyecto, dado que el contenido del informe, según la Comisión, está clasificado “a petición de la propia empresa”. Así lo asegura el propio organismo europeo en un escrito dirigido a la Cadena SER, que acompaña a una versión mutilada del informe en el que sólo es visible el prefacio y la firma del comisario Cañete.

La empresa defiende “un fichaje legal”

A preguntas de la SER, Berkeley desvincula el fichaje de Lamela como lobista de su relación con el comisario de Energía, y explica que “la empresa puede contratar a los profesionales que tenga por conveniente” y que ha contratado para asuntos puntuales al antiguo colaborador de Cañete “como abogado del Estado, experto en asuntos de derecho administrativo”.

“Berkeley –dice la empresa en un escrito remitido a esta emisora– tiene relaciones habituales con la Unión Europea y con organismos comunitarios como el Euratom. La práctica habitual y aceptada para mantener estas relaciones con las instituciones de la UE es a través de despachos profesionales debidamente registrados ante la UE, como para el que trabaja el Sr. Lamela”.

Por su parte, el departamento de Arias Cañete asegura “que en ningún caso” la contratación de Lamela por Berkeley afectó al dictamen del comisario, e insisten en que los representantes de la empresa australiana nunca se reunieron personalmente con él sino con directores generales de su departamento. Añaden, además, que las gestiones de la minera en Bruselas en relación a su proyecto en Salamanca se iniciaron antes del nombramiento de Cañete como comisario de Energía. La oficina de Cañete elude, sin embargo, aclarar si Cañete y Lamela han mantenido algún tipo de contacto desde el fichaje de este último por Berkeley.

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Un proyecto fuertemente contestado

El plan de Berkeley al que dio luz verde la Comisión supondrá reanudar la actividad de la minería de uranio en España, que está paralizada desde el año 2000 al igual que en la mayoría de los países de nuestro entorno. De hecho, de la de Retortillo sería una de las pocas minas de uranio a cielo abierto que aún quedan en Europa.

El proyecto irá por fases, pero el objetivo final de Berkeley es muy ambicioso. Serían cuatro minas: la de Retortillo; la llamada zona siete, 10 kilómetros al norte, la más rica en uranio; Alameda de Gardón, también en la provincia de Salamanca; y Gambuta, en Peraleda de San Román (Cáceres). El material obtenido en todas se procesaría en la planta de Retortillo, donde se irán almacenando los residuos radiactivos del proceso.

La oposición frontal a este tipo de minería llevó a la consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la exministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona, a abstenerse el pasado mes de agosto en la votación del pleno del CSN en el que se concedió autorización previa a Berkeley para la instalación de su planta de fabricación de concentrados de uranio.

"Me repugna desde el punto de vista moral que se pueda reanudar la actividad minera de uranio en España”, dijo entonces Narbona. La consejera señaló a Europa Press que es precisamente en Retortillo donde se encuentran los restos de lo que fue la minería de uranio de la empresa estatal Enusa, que acordó suspender sus tareas porque el uranio de la zona tenía un "contenido pobre" y por su baja rentabilidad económica.

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El asunto no queda ahí. La explotación está ubicada en el centro de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). De ahí que el proyecto cuente con una fuerte oposición por parte no sólo de grupos ecologistas sino también de los grupos políticos y de colectivos de vecinos agrupados en la plataforma Stop Uranio.

La autorización definitiva para comenzar el proyecto fue concedida el pasado 25 de septiembre por el Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Estado de Energía. De momento, los planes de Berkeley siguen adelante.