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Alberto Garzón propone blindar el gasto educativo en la Constitución hasta el 7% del PIB

IU plantea someter a referéndum una nueva ley educativa, suprimir las tasas universitarias de Wert y la gratuidad de libros de texto, comedores y transporte escolar

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, anuncia las propuestas educativas de su formación. / IU (José Camó)

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, anuncia las propuestas educativas de su formación.

Madrid


Una nueva ley de educación votada en referéndum y una reforma constitucional que proteja la inversión educativa de los recortes
. Son los dos pilares del programa educativo de Alberto Garzón para el 20D, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, y que apuesta por garantizar una efectiva igualdad de oportunidades, y el derecho al éxito educativo de todos los alumnos, con independencia de sus condiciones socioeconómicas. También plantea como objetivo la gratuidad de los grados universitarios, empezando por el primer paso inmediato de  revertir la subida de tasas del PP.

Con ese objetivo, IU propone subir hasta el 7% del PIB la inversión educativa en España en el plazo de cuatro años y establecer ese porcentaje como suelo de financiación en la Constitución, de modo que no se pueda dedicar una cantidad inferior. Los fondos para alcanzar esa cifra se detraerían de otras partidas destinadas a gastos militares, rescates bancarios o rescates de autopistas, etc.

La propuesta  se complementa con el desarrollo de una nueva ley de Educación, que reemplace a la LOMCE y que sea consensuada con todo el sector educativo. Además, y para dar estabilidad legislativa al sistema educativo, IU plantea que esa ley sea sometida a referéndum al conjunto de la ciudadanía.  Paralelamente, Izquierda Unida-Unidad Popular propone una ley de financiación del sistema educativo que garantice los recursos necesarios.

Propuestas para la educación básica

-Red pública única. Ampliación de la red pública de escuelas infantiles hasta cubrir toda la demanda de escolarización entre 0 y 6 años y creación de una red pública suficiente de centros integrados de FP

-Cesión de suelo público para la creación de centros escolares en los nuevos desarrollos urbanísticos. Suelo público sólo para centros públicos

 -Supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición.

-Periodo obligatorio de escolarización entre los 4 y los 16 años y un tramo posterior hasta los 18 años, voluntario para el alumno pero de oferta obligatoria para las administraciones educativas que contemple distintas vías formativas en todo el estado, incluyendo alguna que permita simultanear estudio y prácticas laborales.

-Extensión de la Educación Especial hasta los 21 años, con los apoyos necesarios.

-Sistema integral de becas y ayudas al estudio, gratuidad de los servicios de transporte y comedor escolar. La gratuidad de la enseñanza básica incluirá la dotación a los centros públicos de libros, recursos y materiales didácticos de uso libre.

-Recucción de la ratio de alumnos por grupo. Máximo de 20 estudiantes por aula en primaria y secundaria.

-Recuperación de los programas de refuerzo educativo y de atención a la diversidad. Inclusión en los currículos de perspectiva de género y una educación sexual basada en el respecto a la diversidad afectivo-sexual.

-Educación laica. Religión fuera del currículo. El calendario escolar no se someterá al calendario litúrgico.

-Escuelas democraticas. Elección directa del equipo directivo y del consejo escolar por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. Presupuestos participativos en los centros escolares

Universidad: eliminar las tasas del PP y generalizar las becas-salario

 IU plantea un proceso constituyente para consensuar un modelo de universidad pública que revise el sistema de titulaciones del proceso Bolonia y se marque como objetivo la gratuidad de la Educación Superior, comenzando  por los grados.

Como primer paso hacia ese objetivo, la coalición plantea, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no superen las de las anteriores licenciaturas, suprimiendo de facto el nuevo sistema promovido por el PP esta legislatura y que de media ha encarecido los precios públicos un20% en los grados y un 64% en los másteres, con grandes diferencias por comunidades autónomas.

-Financiación de las universidades públicas, destinando al menos el 3% del PIB. Eliminar la financiación de universidades privadas con fondos públicos.

-Equiparación de los precios públicos en los postgrados a los de los precios vigentes  en las antiguas licenciaturas.  Pago fraccionado.

-Rechazo a la propuesta "3+2" de grados y másteres sin un análisis previo y una negociación con la comunidad académica.

-Sistema garantizado de becas-salario que permita la plena dedicación al estudio de los alumnos, sin dependencia familiar. Destinado especialmente al acceso de los sectores más desfavorecidos.

Propuestas para el profesorado y la carrera docente

-Cuerpo único de profesorado. Modelo de formación inicial que sumultanee una formación pedagógica común y específica con una formación práctica remunerada. 

-Acceso a la función pública docente tras superar la formación práctica y tras el correspondiente concurso de méritos o, en su caso, concurso oposición.

-La formación de los profesores incluirá una materia específica sobre igualdad entre hombres y mujeres y sobre educación en derechos humanos, además de suprimirse la formación religiosa en los planes de  las facultades de Educación. 

-Sistema de desarrollo profesional que valore el trabajo en el aula y en el centro con iguales posibilidades para todos los docentes. Promoción profesional voluntaria, retribuida, independiente de los puestos de trabajo y homologable en todo el Estado.

-Evaluación profesional. Tendrá en cuenta la diversidad de los centros, la ubicación de los mismos y el origen social y cultural del alumnado.

-Reconocimiento, respeto y apoyo a las condiciones de trabajo del profesorado, acordada con los sindicatos. Sistema de incentivos profesionales.

-Reconocimiento de la experiencia de los interinos en las bolsas de trabajo. Se reducirá al mínimo imprescindible la interinidad como sistema de provisión de puestos docentes.

Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación

El programa electoral de Alberto Garzón también plantea un refuerzo decidido de la investigación que, entre otros aspectos plantea un plan estatal que integre todas las competencias en I+D.

-Aumento de recursos hasta alcanzar el 0,25% del PIB en investigación y un aumento del 50% del personal dedicado a I+D.

-Conversión de todas las becas de investigación en contratos laborales de 4 años con evaluación anual. Derogación del estatuto del Becario.

-Aprobación de una Ley de Objeción Científica que legalice la creciente oposición de los científicos españoles a trabajar en programas de Defensa.


 

 
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