Nueve autonomías ayudan ya con dinero a las víctimas de pobreza energética
En comunidades que no concretan sus medidas, algunos ayuntamientos han tomado la iniciativa, como el de Madrid
Cadena SER
Madrid
Al menos nueve comunidades autónomas dicen que tienen ya presupuestos específicos para ayudar a los hogares con problemas económicos a pagar la factura energética: Cataluña, Andalucía, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Extremadura y Comunidad Valenciana. Lo habitual en estos casos es que las autonomías pongan el dinero, pero deleguen la mediación y los pagos en los ayuntamientos o la Cruz Roja –como en el País Vasco o la Comunidad Valenciana-.
Los presupuestos van -en estos casos- de los 200.000 euros declarados por Euskadi a los más de seis millones de euros de Andalucía, que ayuda también cuando hay problemas con el suministro de agua.
En general, en las autonomías citadas hay ayudas a las familias más vulnerables para evitar el impago de recibos y se establecen protocolos con las empresas. Si hay un impago, ésta avisa y se comprueba si el moroso está en algún programa de asistencia social. Si es así, la empresa dilata los plazos, fracciona los pagos y si la Administración lo decide, en función de sus criterios, paga la deuda pendiente. En caso contrario, ésta seguirá pesando sobre la familia.
Cada una de estas autonomías tiene sus criterios. De presupuesto, situaciones a proteger, deudas a asumir... pero, al menos sobre el papel, más de la mitad están dispuestas ya a ayudar con dinero a los más pobres para que no se queden sin luz o gas en lo más crudo del invierno.
En las demás, o no hay políticas concretas, o están en preparación, o no han podido concretar los importes de las ayudas que dicen tener, o el presupuesto global consignado con ese fin.
Ayuntamientos con ayudas
En el caso de la Comunidad de Madrid, que alude a medidas en marcha, pero no ha concretado ni presupuestos ni cuantía de las ayudas específicas, el Ayuntamiento de Madrid ha tomado la iniciativa. La alcaldesa Manuel Carmena ha anunciado que si las eléctricas no acceden a su petición de subir hasta el 50% la parte del recibo bonificada, será el propio municipio el que asuma el coste del 25% que no cubren las empresas. Además asumirá el pago de los dos primeros recibos a los que no puedan hacer frente las familias que sean consideradas especialmente vulnerables.
