Pujol pide al juez levantar el secreto sobre las comisiones del socio de Rato
La defensa de Oleguer Pujol presenta un escrito al juez en el que certifica que el dinero pagado por el socio del exvicepresidente del gobierno a tres hijos de Jordi Pujol responden a negocios jurídicos con causa lícita
Oleguer Pujol, durante la comparecencia en el Parlament / Toni Garriga (EFE)
Madrid
La defensa de Oleguer Pujol ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el que pide que levante el secreto de las actuaciones decretado en la parte de la investigación que afecta a la presunta comisión de 100.000 euros que cobraron tres de los hijos del expresident de Cataluña al socio de Rodrigo Rato en el hotel de Berlín, José Manuel Solá Castel. La UDEF investiga delitos de falsedad documental y corrupción porque sostiene que se trata de pagos por asesorías ficticias.
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El escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER y que se ha presentado acompañado de abundante documentación, subraya que se trata de “un conjunto de operaciones mercantiles con causa lícita”. Añade que los hechos “carecen de trascendencia penal por la atipicidad de la predicada falsedad documental y porque, en su caso, concurriría holgadamente la prescripción”.
El abogado de la familia Pujol, Cristóbal Martell, reconoce que Josep Pujol Ferrusola y Solá Castel mantuvieron una relación mercantil. Fueron socios en la empresa Hotel Chalet Bassibé y, además, una firma de Pujol Ferrusola invirtió en una sociedad del socio de Rato cuyos beneficios se repartían entre Josep, Oleguer y Pere Pujol Ferrusola. La relación terminó en el año 2007 y se pactó una liquidación de 100.000 euros con una fórmula de pago que perjudicó a la familia. Josep Pujol tuvo que tributar por el impuesto de sociedades al 25% en vez de al 19% que lo hubiera hecho como persona física, según el escrito.
La defensa concluye señalando que aunque esa liquidación se realizó con base a “facturas que aluden a un servicio no prestado, se refieren a relaciones jurídicas ciertas y debidas” y niega los delitos de corrupción que les atribuye la investigación porque “nunca y bajo ningún escenario se han tenido relaciones con Sola Castel en relación con la Administración Pública”. Y porque dicho empresario “no es licitador, adjudicatario o contratante con la administración y jamás ha interesado ni se ha realizado a su favor gestión, puesta en contacto o asesoramiento relacionado con la cosa pública”.
