El PSOE reforzará en la Constitución la protección judicial frente al despido injustificado

Madrid

 El PSOE tiene lista una ambiciosa propuesta de reforma de la Constitución que reconoce nuevos derechos y libertades, plantea cambios sustanciales en el régimen electoral y en las normas internas de los partidos y encamina la estructura territorial del Estado hacia un modelo federal.

Muchos de estos cambios se habían adelantado ya por los socialistas, que en todo momento han basado sus trabajos en la llamada Declaración de Granada, que sentó las primeras bases de lo que iba a ser la futura propuesta de reforma. Pero el texto que Pedro Sánchez presentará este miércoles es mucho más ambicioso y concreto, e incorpora cambios constitucionales de calado.

Fortalecimiento de los derechos sociales

• Reforma del artículo 135, que en su día ya reformó José Luis Rodríguez Zapatero, para salvaguardar la “estabilidad social del Estado”. Esto es, que la obligación de equilibrio fiscal no afecte la suficiente financiación de los servicios y prestaciones sociales.
• Se reconocen como derechos fundamentales la protección a la Salud y la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad, incluyendo el reconocimiento a una renta mínima vital en situaciones de carencia efectiva.
• Se refuerza la protección judicial ante el despido injustificado. Es decir, se va más allá del principio de tutela judicial efectiva para asegurar el derecho expreso de los trabajadores a contar siempre con el último recurso de los tribunales.
• Se dota de contenido concreto al derecho a la vivienda: Se establecen obligaciones concretas de los poderes públicos frente a casos como el desahucio.
• Se reconoce, dentro de un reforzamiento de la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de estas “a la libertad de decidir sobre sí mismas”, es decir, los socialistas proponen el reconocimiento expreso en la Constitución del derecho al aborto.
• Se consolidad el principio de laicidad, que somete a los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones.
• Reconocimiento expreso del matrimonio de personas del mismo sexo.

Mejoras democráticas

• Se establece la exigencia de participación de los afiliados a los partidos políticos en la elección de sus dirigentes y de sus candidatos. Es decir, incluir el proceso de primarias en la Carta Magna
• Limitar el aforamiento de los parlamentarios y suprimir la inmunidad parlamentaria.
• Incrementar la proporcionalidad del sistema electoral (es decir, alterar la llamada Ley D´Hondt) y desbloquear las listas.
• Quitar rigidez a las normas que la Constitución establece para su propia reforma en casos concretos.

Un nuevo pacto territorial

Los socialistas renuncian a modificar el artículo 2 de la CE que hace referencia a la “indisoluble unidad de la Nación española”, pero plantean una reforma de alcance de la estructura territorial del Estado.

• Incluir los nombres de todas las Comunidades Autónomas
• Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas
• Reformar el Senado para convertirlo en auténtica cámara de representación territorial.
• Incluir el principio de lealtad federal en la relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas
• Delimitar al máximo las competencias del Estado, las de las Comunidades y las compartidas.
• Reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones: lengua, cultura, foralidad, derechos históricos o insularidad
• Establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación autonómica, incluyendo, aun sin nombrarlo expresamente, el llamado “principio de ordinalidad”. Esto es, que el sistema “no coloque en peor condición relativa a quien contribuye respecto de quien se beneficia”.
• Dotar a los tribunales superiores de justicia de la última palabra en el procedimiento ordinario de los recursos y que el Tribunal Supremo sea tan solo la última instancia de casación.

La vocación europea

Con la voluntad de reafirmar en la Carta Magna el compromiso de España de integración en la UE, los socialistas proponen:

• Reconocer el carácter vinculante y la primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno.
• Garantizar la participación de las Comunidades Autónomas en los procesos de formación de la voluntad del Estado en todas las materias que sean de su competencia
• Reflejar expresamente en el preámbulo la especial vinculación de España con los “países hermanos de Iberoamérica”.