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OPERACIÓN GRAND CORAL

La Audiencia impone una fianza de 859,9 millones a Olivas y otros seis imputados

El juez González impone una fianza solidaria de 232,7 millones al expresidente de la Generalitat valenciana del PP, de Bancaja y del Banco de Valencia, José Luis Olivas, y al resto de los directivos implicados, y otros 627.2 a los empresarios Ferri y Baldó por los créditos millonarios fraudulentos que estos recibieron por orden de Olivas, quien fue correspondido con viajes a Cuba en jet privado

El expresidente de Bancaja, Jose Luis Olivas.

El expresidente de Bancaja, Jose Luis Olivas.

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, ha establecido una fianza solidaria de 232,7 millones de euros para José Luis Olivas, así como para el exdirector general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, el exconsejero delegado, Domingo Parra, el exdirector general de Bankia Hábitat, Rafael Tomás Codoñer, y el exdirector general adjunto, José Cortina, por su implicación en el escándalo del proyecto urbanístico Grand Coral en México. El juez también impone una fianza de 627,21 millones para los empresarios Ferri y Baldó, hoy en prisión por estos hechos.

Olivas, apoyado por el resto de directivos imputados, supuestamente, concedió créditos fraudulentos por más de 500 millones de euros a los empresarios Juan Ferri y José Baldó, parte de los cuales fueron ingresados en las cuentas corrientes de ambos en Andorra y Suiza, tal y como desveló la Cadena SER. A cambio, estos empresarios obsequiaron a Olivas y también a Parra e Izquierdo con viajes a Cuba en jet privado exclusivo. Unos vuelos que según el juez "difícilmente pueden explicarse como viajes de negocios".

El juez explica en sus siete autos, uno por cada imputado, que los hechos investigados son "graves, complejos y aparentemente delictivos". Se investiga si los imputados cometieron delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal por su intervención en las operaciones llevadas a cabo en México, por el grupo Grand Coral. En concreto, se están analizando las operaciones Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón y Piedras Bolas, en Baja California y Vinorama en Riviera Maya, así como las operaciones para refinanciar la deuda del citado grupo empresarial.

En el caso de Ferri, Baldo y Poch el juez cifra en 140 millones las plusvalías que obtuvieron con estas operaciones fraudulentas y que causaron a las entidades bancarias afectadas un perjuicio, según el Frob, de 246 millones o 250, según el Banco de España. Con esas plusvalías, los tres imputados iniciaron una cadena de transferencias bancarias a nombre de sociedades vinculadas a ellos, unas cuentas que estaban en Suiza y Andorra.

Para calcular las fianzas el juez ha valorado indiciariamente en 198,3 millones la cuantía de la apropiación indebida y estafa, mas el tercio que prevé la ley.

En el caso de Ferri y Baldo se incrementa 112 millones por el delito de blanqueo en relación con sus transferencias a Andorra y Suiza.

En relación con la actuación de los máximos directivos de las entidades bancarias, el juez explica cómo los correos electrónicos intervenidos revelan el malestar de los directivos de tipo medio de Bancaja ante los continuos excesos que llevaban a cabo los empresarios investigados. "Si bien los máximos directivos de las entidades bancarias afectadas, que mantenían una estrecha relación con los empresarios investigados, no sólo no tomaron medida alguna para corregir estos excesos sino que, además, consintieron en firmar nuevos acuerdos en perjuicio de los intereses de dichas entidades y favoreciendo los intereses particulares de los referidos empresarios", y todo ello en contra de los socios mayoritarios y de las entidades bancarias, generando un perjuicio para las mismas.

Según el juez, José Luis Olivas, ex presidente de Bancaja y Banco de Valencia actuó actuó como máximo dirigente de ambas entidades, interviniendo en la autorización de dos de los préstamos que se concedieron con carácter urgente para comprar la finca Vinoramas.

Los informes de la UCO, que menciona el juez, aportan datos sobre las numerosas irregularidades observadas y la ausencia de control sobre el destino de los fondos en las inversiones realizadas, de forma que los terrenos comprados se revalorizaban de forma elevada en el momento anterior a su adquisición, desviándose las plusvalías generadas a cuentas corrientes de Andorra y Suiza.

Unas quejas, las de los directivos medios, "que parecían no tener eco en sus superiores, los cuales no sólo no parecieron tomar medida alguna para corregir los excesos, sino que además consintieron en firmar nuevos acuerdos". Se da la circunstancia de que el juez González aprueba hoy estas millonarias fianzas solidarias a propuesta de Anticorrupción contra Olivas y Codoñer, entre otros, y tal y como avanzó la SER, este mismo magistrado ha desbloqueado de las cuentas de ambos 3.500 y 4.700 euros mensuales respectivamente, para sus gastos personales.

 
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