El alquiler de viviendas sociales de la banca quintuplica al del Gobierno

Madrid

Los seis principales bancos del país alquilan por su cuenta algo más de 19.500 pisos a bajo precio a clientes desahuciados, una cifra cinco veces superior a los 4.000 adjudicados por el Fondo Social de Viviendas, según los datos a los que ha tenido acceso la Cadena SER.

En ambos casos, son residencias propiedad de las entidades que arrendan a clientes que no han podido hacer frente al pago de la hipoteca que tenían contratada con el propio banco. La cifra de la banca quintuplica a la de los pisos adjudicados en casi tres años -a fecha de junio- dentro del Fondo Social de Viviendas, de acuerdo a las estimaciones del sector. En total, el fondo está dotado con cerca de 10.000 pisos de 29 entidades, tras su reciente ampliación con casi 4.000 más, aunque se han llenado menos de la mitad.

Fuera del Fondo Social de Viviendas, Caixabank, con 13.400 viviendas en alquiler social, es la entidad con mayor número de casas destinadas a este fin. Le sigue Banco Sabadell, con 4.013 viviendas; luego Bankia, con 855; Popular, con 600; BBVA, con 400; y Banco Santander, que tiene 260 viviendas destinadas a alquiler social.

Fuentes del ámbito bancario explican que en las entidades se apuesta más por la gestión propia que por el Fondo del Gobierno. Lo que suele ocurrir es que, tras la pérdida de la vivienda, el cliente se quede habitando esa misma casa a cambio de pagar un alquiler reducido, ajustado a sus ingresos. Las mismas fuentes apuntan a que lo habitual es que los inquilinos rechacen la idea de mudarse a las afueras de las ciudades, que es donde se ubican la mayoría de las viviendas del Fondo.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Carlos Macías achaca la lentitud con la que se ocupan los pisos del fondo a sus "criterios económicos y sociales tan restrictivos que dejan al 99% de los afectados fuera de poder acogerse a esta opción". Requisitos "con los que tienes que estar en la absoluta miseria tú y tus avales, si es que tienes", lamenta. En su opinión, lo que pretenden las entidades y el Gobierno "es limpiar su imagen dando las migajas" y recuerda que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) enumera en unas 625.000 las ejecuciones hipotecarias que han tenido lugar entre 2007 y el primer trimestre de 2015.

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Para poder acceder a una vivienda del fondo social se debe haber perdido la vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario. Además, los ingresos anuales de la familia no pueden ser superior a tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). A esto, hay que añadir "otros requisitos de vulnerabilidad", según el Ministerio de Economía, como ser familia numerosa o tener menores a cargo o que el deudor esté en desempleo y sin prestaciones.

Ahora, el Gobierno ha incluido a las personas mayores de 60 años y a los matrimonios o parejas de hecho sin hijos. Y pretende que al menos el 5% de las viviendas del fondo sean para desahuciados por impago de préstamos no hipotecarios.