La Ley de la Infancia entra en vigor

Madrid

Las nuevas medidas para la protección de los menores entran en funcionamiento. Se modifican un total de 21 leyes, entre ellas, el Código Civil o la de Adopción Internacional. La reforma del sistema de protección de la infancia y la adolescencia se completa con dos nuevas leyes: una orgánica y otra ordinaria.

Desde ahora, los menores serán considerados víctimas en los casos de violencia de género. En los casos de maltrato, se promueve que los niños permanezcan con la madre y se insta a los jueces a pronunciarse sobre la prohibición de acercarse a los hijos o la suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas del padre inculpado. Y se impide que un asesino pueda cobrar pensión de viudedad de su víctima.

Almudena Escorial, experta en políticas de Infancia de Save the Children, reconoce que la ley supone un avance en esta materia, aunque considera que "el tema de la violencia contra los niños no se recoge de manera integral" y reclama una ley integral para la lucha de la violencia contra la infancia.

En cuanto a la adopción y la acogida, se agilizan los procesos. En España hay 34.300 menores en tutela o en guarda por las administraciones, según el Ministerio de Sanidad. Se dará prioridad a la acogida en una familia y se incluye el acogimiento familiar de urgencia para los menores de 6 años. Todos tendrán derecho a conocer sus orígenes. Además, se introduce la adopción abierta: una figura en la que los niños podrán tener contacto con su familia biológica, eso sí, siempre que exista un acuerdo en el que la familia que adopta acepte. 

También se creará un registro de delincuentes sexuales, que ya existe en Francia y Reino Unido. La información se compartirá con los demás Estados firmantes del Convenio de Lanzarote, del Consejo de Europa. Las personas que aparezcan en ese registro no podrán trabajar en ámbitos relacionados con niños y adolescentes.

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"Cualquier medida que vaya en la dirección de proteger a los niños nos parece positiva", señala Gabriel González-Bueno, responsable de políticas de infancia de UNICEF. Reconoce que se han planteado algunas críticas, como "si eso supone una doble penalización", pero considera que es importante porque "al final lo que están demostrando los hechos es que muchas de las personas que han realizado este tipo de delitos son reincidentes" y apunta que "es una norma razonable que ya se da en otros países de Europa".

Tras la reforma, cada ley que vaya a aprobarse en España, deberá ir acompañada de un informe del impacto que puede tener esa norma en la infancia. "Al ser los niños, quizás, los ciudadanos menos visibles, muchas veces no se tiene en cuenta", recalca el portavoz de UNICEF, que cree que esto supone un "elemento preventivo muy potente".

Les preocupa, sin embargo, que en el caso de menores no acompañados, se pueda poner en duda su minoría de edad, aunque cuenten con un pasaporte que así lo indique. "Contraviene lo que los tribunales españoles llevan ya tiempo diciendo: que cuando un menor lleve un pasaporte de su país de origen diciendo que es menor de edad, no es necesario hacer pruebas. Y la ley lo que viene a decir es que es el fiscal el que decide", indica Escorial. "Aquí pensamos que ha sido un retroceso".