La infanta arremete contra Castro por no rebajarle la fianza
Su defensa carga contra el juez por aplicarle la interpretación menos favorable de la ley
Palma de Mallorca
La infanta Cristina carga contra el juez José Castro por la imposición de la fianza de responsabilidad civil de 2,7 millones de euros. La defensa de la hermana del rey acusa al juez de "excederse" en su cometido y denuncia que Castro ha realizado "reproches de carácter personal y valoraciones subjetivas" sobre el planteamiento de su estrategia de defensa, actos que dice, son "jurídicamente reprobables".
Así lo pone de manifiesto en el recurso presentado por los abogados Jesús Silva y Miquel Roca, para recurrir la decisión del juez mantener la fianza de la infanta en 2,7 millones de euros. Su defensa afirma que las "apreciaciones subjetivas" del juez suponen "un grave atentado a las garantías" que tienen que presidir el procedimiento y "al derecho de defensa" de la hermana del rey.
Los abogados acusan a Castro de aplicar siempre a la infanta la interpretación de la ley menos favorable para ella. Roca y Silva afirman que el juez ha actuado de forma acusadora, recalcando que el importe de la fianza es "injustificada y absolutamente desproporcionada". Para justificarlo, recurren a numerosa jurisprudencia.
Los abogados de Cristina de Borbón afirman que el juez ha negado a la infanta la posibilidad de que en una hipotética condena se le pudiera aplicar la atenuante de reparación del daño, ya que Castro consideraba que la infanta no había mostrado intención alguna de reparar el asunto. Un extremo negado por su defensa, que insiste en que para mostrar su disposición a ello, la infanta ya consignó en metálico casi 600.000 euros en la cuenta del juzgado.
En el escrito, consideran que para calcular el importe de la fianza no se puede aplicar a la infanta una agravante que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado le han atribuido. Defienden que el importe de la caución tiene que ser menor. La defensa de la hermana del rey ya había pedido que se rebajara la cantidad a menos de medio millón de euros, una petición denegada por Castro la semana pasada.