El juez Velasco admite una querella contra el comisario que mató a su mujer en Brasil
El magistrado de la Audiencia Nacional, a petición de la hija del sospechoso, pretende asumir el caso de Jesús Figón, agregado de Interior de la Embajada española en Brasil, que mató de cinco puñaladas a su esposa brasileña durante una pelea el pasado 12 de mayo
El comisario Jesús Figón.(EFE)
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha admitido a trámite la querella presentada contra el comisario Jesús Figón, agregado de Interior de la Embajada española en Brasilia, quien el pasado 12 de mayo, tal y como ha confesado, mató a su mujer Rosemary Justino Lopes con un cuchillo durante una pelea. Figón alegó a las autoridades brasileñas que actuaba en legítima defensa y que la mató de cinco puñaladas con el cuchillo que ella misma blandió inicialmente contra él en la reyerta, en la ciudad brasileña de Vitoria.
La querella ha sido presentada por la hija de la pareja, Carmen Figón Lopes, quien pretende que el caso sea juzgado en España y que su padre cumpla la pena en este país.
El juez Velasco, en contra del criterio de la Fiscalía que considera competente a Brasil para enjuiciar los hechos, ha admitido la querella aunque de momento no solicita la extradición del querellado. A través de la Embajada, Velasco pide que acuda a Madrid a declarar como imputado el próximo 30 de junio a las 10 de la mañana. También solicita a Interpol que envíen una copia de la autopsia y si hay posibilidad de repatriar el cadáver de la esposa.
"Riesgo para España"
El propio Figón remitió un escrito al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, según publicó Europa Press, en el que advertía de que su permanencia en Brasil "puede constituir un riesgo para los intereses de España, así como para su seguridad nacional". En este sentido, pidió que se le devuelva la inmunidad diplomática para ser juzgado en España ya que, a su juicio, "es el único instrumento capaz de impedir la obtención ilegal de información sensible al Estado".
Argumentaba que en su condición de consejero de Interior ha desempeñado funciones "en ámbitos de especial trascendencia y sensibilidad que afectan, en muchos casos, a la seguridad interior y exterior del Estado". Se refería, en concreto, a "información de inteligencia entre ambos países", condiciones de seguridad de la embajada española, operaciones contra el crimen organizado, narcotráfico, inmigración ilegal, operaciones tanto en Brasil como en Colombia o la detención de miembros de ETA, entre otros asuntos.
También expuso que, de ser juzgado en Brasil y ser confinado en un centro penitenciario brasileño, quedaría "al arbitrio y voluntad de redes criminales del narcotráfico, criminalidad organizada, inmigración ilegal y trata de personas, con altísimo riesgo de pérdida de la vida o sometimiento a tortura u otros actos violentos con fines de obtener la información por métodos coactivos para sus actividades criminales".
"No existe en mi ánimo interés alguno de sustraerme a la acción de la Justicia, sino tratar de conciliar aquellos intereses de la seguridad del Estado español y la respuesta por mis actos en el proceso penal correspondiente que, a día de hoy, existe abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional".
"Solicito que se revise la medida de revocación de mi inmunidad diplomática a los efectos de salvaguardar los intereses y la seguridad nacional española, al dejarme en situación de indefensión", zanjaba.
