600 sentencias firmes de derribo sin ejecutar en Cantabria
El urbanismo de Cantabria arrastra, en algunos casos desde hace más de 20 años, graves problemas con los tribunales
Santander
Todos los gobiernos en las últimas cuatro legislaturas han tratado de buscar soluciones a las más de 600 viviendas construidas en diversos municipios cerca de zona costera y que tienen sentencia firme de derribo por ilegalidades en sus proyectos.
Las soluciones alcanzadas han sido rechazadas sistemáticamente por los tribunales. Ahora, se sigue pendiente de una figura urbanística creada para la ocasión bajo el formato de Autorización Provisional y con acuerdos compensatorios ya firmados. Pero una vez más, la última palabra la tienen los tribunales.
Los derribos, caso de materializarse, supondrían para la administración autonómica y para los cinco ayuntamientos afectados un gasto de más de 300 millones de euros.
La mayor parte de las denuncias que provocaron posteriormente sentencias de derribo fueron interpuestas por la organización ecologista ARCA que exige el cumplimiento de la sentencias.
Por su parte los afectados, que compraron la mayoría sin saber que había posibles problemas urbanísticos, agrupados en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), se muestran escépticos ante las soluciones planteadas.
Conchi Castañeda
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Redactora de cadena...
