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"Dar la compatibilidad a un diputado es un trámite sin controles"

Varios diputados se quejan del funcionamiento de la comisión que les autoriza a realizar otros trabajos mientras otros defienden que "no pueden ser policías"

Vista del Congreso de los diputados. (EFE)

Vista del Congreso de los diputados.

Madrid

El caso del diputado Agustín Conde es el último que ha reabierto el debate sobre si los diputados y senadores pueden dedicarse a otros trabajos al margen de su vida parlamentaria. En el pleno de esta semana, el PSOE ha propuesto medidas que nunca aplicó cuando estaba en el Gobierno y tenía la mayoría: que el Congreso controle si los diputados mienten cuando piden permiso para ejercer otros trabajos. Plantean, incluso, que las Cortes den parte a la Fiscalía Anticorrupción si advierten irregularidades. De manera que, como cada vez que asoma la polémica, los diputados han vuelto a mirar a la Comisión del Estatuto de los Diputados, la que autoriza la compatibilidad de los parlamentarios.

¿Cómo funciona esa comisión y qué se debate?

Según el testimonio de varios diputados que participan o han participado en la comisión, se debate muy poca cosa. Un grupo de ellos, representantes de todos los grupos, se reúne a puerta cerrada. Llega el letrado y les cuenta cuántos han pedido tener otros trabajos y si esas peticiones se ajustan a la ley de régimen electoral, como ocurre en la mayoría de los casos. No se piden documentos de ningún tipo.

Varios de sus miembros defienden que así sea: "No podemos sospechar de todos", "este es el procedimiento que tienen otros países desarrollados", "es un proceso similar a cuando pides una licencia de obras en un ayuntamiento: lo que se plantea se ajusta a la ley y no hay motivos por los que oponerse", "no estamos aquí para ser jueces ni policías ni vigilar a los demás compañeros". Otros, sin embargo, dejan frases más críticas: "Es un paripé, un trámite y sin controles; te sientas, oyes al letrado y a los pocos minutos te vas". No suele haber debate ni votaciones, al menos en las últimas reuniones. Explican otros parlamentarios que en anteriores legislaturas llegó a haber discusiones "encendidas" sobre algunos casos.

La compatibilidad se concede la mayoría de las veces

 Los diputados explican que se autoriza la compatibilidad porque, en realidad, la única frontera que marca la ley es que no cobren o trabajen para el sector público, y lo que hace esta comisión es advertirles de que no lo hagan. Se confía en la palabra del diputado y no hay mecanismos de control, como exigen ahora otros grupos. Hay una frase que se repite en los dictámenes de esta comisión: "es criterio reiterado de esta comisión" conceder la compatibilidad para otros trabajos. Entienden que es una comisión "técnica", no de debate político.

El dictamen de la comisión llega al pleno

Es el pleno, el conjunto de los 350 diputados, quien tiene la última palabra. Lo habitual es que el pleno no discuta el dictamen, sino que simplemente lo vote o le dé el visto bueno por asentimiento. No suele haber muchos votos en contra porque se entiende que no hay ilegalidad, aunque hay casos llamativos. Por ejemplo, cuando se aprobó la compatibilidad de Vicente Martínez Pujalte, el PSOE o la Izquierda Plural se abstuvieron. No votaron en contra. Tampoco a favor. Pero el caso es que en el pleno no se ve debate entre los diputados.

¿Cuándo se reunirá de nuevo la comisión?

La oposición ha pedido que vuelva a verse cuanto antes la comisión del Estatuto de los Diputados para analizar los casos de Pujalte y Conde e incluso investigue lo que ha ocurrido. La decisión depende del presidente de la comisión, Aurelio Romero, diputado del PP que, por cierto, tiene autorización para ejercer como abogado.

En el PP dan por hecho que se reunirá pero no comparten esa urgencia, y ya avisan de que esta es una comisión "técnica, no política, no se convoca por oportunidad política": "No haremos ahora de policías". Parece difícil que se reúna antes de las elecciones de mayo. En todo caso, la reunión sería a puerta cerrada como se siguen haciendo algunas cosas en el Congreso.

 
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