El juez Bermúdez propone juzgar a la cúpula de la CAM por saquear la entidad
Procesa a ocho exdirectivos por administración desleal, apropiación indebida y falsedad en las cuentas y documentos, que habrían amañado las cuentas de la caja en 2010 y 2011, engañando a los accionistas, y cobrado más de 47 millones de forma indebida
Imagen de archivo de protestas de afectados frente a la sede de la CAM. / EFE
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, concluye la instrucción de la pieza principal que investiga el supuesto saqueo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y propone juzgar a ocho exdirectivos por administración desleal, apropiación indebida y falsedad en las cuentas de la CAM y en documento oficial.
Se trata del expresidente, Modesto Crespo; los exdirectores generales Roberto López Abad y Dolores Amorós; y los también exdirectivos Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco José Martínez García, Juan Luis Sabater, y Salvador Ochoa.
Los dirigentes, según el juez, orquestaron un plan para falsear las cuentas, con el objetivo de propiciar la fusión de la entidad. Para ello, comunicaron beneficios de 60 millones en 2011 cuando la CAM daba pérdidas por más de 1.100 millones, y se aprobaron indemnizaciones y retribuciones indebidas en plena crisis por más de 47 millones.
En su auto, Bermúdez recalca que los estados financieros de la caja en 2010 y 2011 "ocultaban la realidad", "agravaron la situación de insolvencia", "perjudicaron a los inversores", y demoraron la adopción de medidas para evitar lo que finalmente ocurrió: El rescate de la entidad mediante 5.249 millones de dinero público. Después fue vendida al Banco Sabadell por el precio simbólico de 1 euro.
El juez sostiene que los exdirectivos cometieron los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal, falseamiento de las cuentas de 2010 y 2011, y falsedad en documento mercantil.
Según un informe del Banco de España clave para el proceso, la caja alicantina falseó en 2010 y 2011 los ratios de morosidad y los criterios de contabilización de créditos entre otros aspectos, para "la publicación de unos beneficios superiores a los que deberían haber sido" según el informe, que censura los 47.3 millones cobrados de forma "indebida" por sus directivos en época de crisis —entre 2005 y 2011—, en forma de prejubilaciones, pagas de beneficios o incentivos, dietas y otras retribuciones variables.
Según el mismo informe, Roberto López Abad, director general entre enero de 2001 y noviembre de 2010, fue el artífice de la participación de la CAM en 65 sociedades del sector inmobiliario y 104 proyectos urbanísticos como los de Polaris o el Pocero, que causaron un agujero en la caja de 1.100 millones de euros.
