Alaya acusa a la Junta de crear una red de clientelismo político

Sevilla

La jueza Mercedes Alaya ha dejado en libertad con cargos a 14 de los 16 detenidos en la operación Barrado, por el supuesto fraude en la formación en Andalucía. Los dos exaltos cargos de la Junta que permanecen en dependencias policiales, dos exdirectores generales, pasarán este jueves a disposición judicial. Son Manuel Brenes y Andrés Sánchez.

El fiscal sólo ha pedido fianzas civiles para los gerentes y exgerentes de los consorcios escuela de Almonte y de Mijas. Anticorrupción ha pedido más de 12 millones de euros para la actual y el anterior responsables del consorcio andaluz de formación de Mijas,

La jueza Alaya afirma en sus autos de imputación que la Junta creó una red de clientelismo político a través de las ayudas que concedía a la formación. La magistrada asegura que altas esferas de la Consejería de Empleo daban órdenes a las delegaciones provinciales para que no controlaran la justificación de las subvenciones destinadas a la formación, para que relajaran la obligación de fiscalización de ese dinero.

Esta causa, abierta hace años y medio, está declarada parcialmente secreta. La operación policial de esta semana se ha centrado en la gestión de la formación por parte de los responsables del Servicio Andaluz de Empleo. Otra línea de investigación son los entramados empresariales que recibieron millones de euros, o los cursos de formación que gestionó la desaparecida Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo, la Faffe.