Ruz propone juzgar al PP por fraude fiscal
El juez concluye la investigación de la caja b del PP y responsabiliza al partido por no declarar las supuestas donaciones ilegales en 2008
El PP sería responsable civil subsidiario, mientras que los extesoreros Lapuerta, Bárcenas y el exgerente Páez serían los responsables directos
El juez Ruz en una fotografía de archivo.(EFE)
Madrid
El juez Pablo Ruz ha concluido las investigaciones por el caso de la supuesta caja b del Partido Popular, que en su auto de 190 páginas considera “acreditada” en el seno de la formación política.
En su escrito, el magistrado de la Audiencia Nacional propone llevar a juicio a seis personas, que son los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente de esta formación política, Cristóbal Páez, y tres responsables de la empresa Unifica que ejecutó en negro las obras de la sede central del Partido Popular: el arquitecto Gonzalo Urquijo, su socia Belén García y la empleada Laura Montero.
El juez les imputa delitos contra la Hacienda Pública, tanto por parte de Unifica, (por el impuesto de sociedades de 2007 y el IVA de 2010) como por parte del PP, por el Impuesto de Sociedades de 2008, al no haber declarado las donaciones ilegales presuntamente recibidas en dicho ejercicio, sin perjuicio de la cooperación de los responsables del PP en la comisión de los delitos atribuidos a Unifica. A Bárcenas y Lapuerta se les imputa un delito de apropiación indebida. A los responsables de Unifica también el delito de falsedad documental.
El juez considera presuntos responsables civiles subsidiarios al PP y a Unifica, y cifra en 1.552.000 euros el pago total realizado a Unifica en " B" por las obras de la sede central del PP, ubicada en la madrileña calle Génova.
La supuesta comisión de Cospedal
Además, el magistrado incoa pieza separada y se inhibe en un juzgado de Toledo respecto a la investigación sobre el expediente de limpieza de esa localidad por el que se adjudicó a la empresa Sufi el servicio de basuras. Una operación que habría tenido lugar a cambio de una comisión de un mínimo de 200.000 euros, para la campaña autonómica de 2007 de María Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla-La Mancha.
Ruz aprecia indicios de un delito de prevaricación en la causa. En el momento presente, dice el juez, no se cuentan con elementos indiciarios suficientes que justifique la investigación de aforados, cuya competencia seria del TSJ de Castilla La Mancha.
El juez acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de los 22 restantes imputados, entre ellos empresarios y el ex secretario general del PP, Ángel Acebes.
- comunicado del pp
