Instituciones Penitenciarias admite que hay prisiones que niegan los nuevos tratamientos a presos con hepatitis C

Madrid

Ocurre lo mismo entre rejas, que fuera. Las restricciones en el acceso a los nuevos medicamentos contra la hepatitis C (VHC) también están afectando a las cárceles españolas, en las que ahora mismo hay cerca 65.000 presos, según el último censo de Instituciones Penitenciarias.

Según los últimos datos oficiales, recogidos en el ‘Informe de Prevalencias de las infecciones de VIH y hepatitis C en Instituciones Penitenciarias’ de 2013, en aquel año, el “21,3% de los presos españoles tenía el virus", una alta prevalencia, y un serio problema, porque además, “uno de cada tres infectados por VHC también está infectado por el VIH”.

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Sin embargo, a pesar de todo, según admiten desde Instituciones Penitenciarias, de todos los reclusos que han dado positivo por hepatitis C, solo están tratando al "2,8%", es decir, a "209 internos".

“Por primera vez, en la historia de la sanidad penitenciaria, se ha perdido el concepto de equidad, no se está tratando igual a los presos que al resto de la población. Y no se está tratando, no porque no se prescriba el fármaco adecuado, sino porque ese fármaco no se da posteriormente”, según ha denunciado a la Cadena SER el doctor Pablo Saiz de la Hoya, que pertenece a la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.

Este doctor ha manejado casos de pacientes con cirrosis (es decir, en la Fase 4), “en concreto uno, tenía marcadores tumorales muy elevados”. Según explica el doctor Saiz de la Hoya “se le mandó a Madrid [para que le diesen los nuevos tratamientos]”, pero este interno volvió a la prisión de Alicante “sin ser tratado” porque “Instituciones Penitenciarias no quería pagar el tratamiento”.

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Ahí radica parte del problema, en el dinero.

“Simplemente, para evitar el coste se nos ha prohibido prescribirlo [los nuevos medicamentos]. Solo podemos tratar [a los pacientes] en las cárceles si optamos por usar Interferón y Ribavirina (los medicamentos antiguos). El momento en el que queramos usar uno de los medicamentos nuevos, obligatoriamente tienen que ser trasladados a Madrid”.

En concreto, tienen que ser derivados a la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid (que cuenta con 370 metros cuadrados). Así lo fija una orden de Instituciones Penitenciarias.

Pero el problema es lo que ocurre cuando los internos llegan a Madrid “¿quién debe pagar ese tratamiento?”.

Las administraciones no se ponen de acuerdo, y al final, los perjudicados son los propios pacientes. “Los presos son pacientes de segunda que no tienen los mismos derechos que un paciente que esté en la calle. [En la cárcel] No se están dando lo mismo tratamientos que en la calle. Y por lo tanto, el principio de equidad ha desaparecido”, apunta el doctor Saiz de la Hoya.

Instituciones Penitenciarias admite problemas

Desde Instituciones Penitenciarias niegan ese trato discriminatorio hacia los presos, "se les trata en las mismas condiciones que a cualquier otra personas", ha defendido ante la SER el Subdirector General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, aunque no ha podido precisar cuántos presos han recibido hasta la fecha los nuevos medicamentos contra la hepatitis C.

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Aunque se niega un problema general, sí se admite que "hay demoras" a la hora de recibir esos tratamientos. Es más, reconocen que "algunas comunidades han puesto impedimentos" para dar esos medicamentos.

Es el caso concreto de "Valencia", según José Manuel Arroyo, "es una Comunidad que sistemáticamente, además de prescribir en abundancia estos tratamientos, se ha negado a dispensarlos".

Para evitar ese trato discriminatorio, según este responsable de Instituciones Penitenciarias, "hemos tenido que actuar para asegurar con nuestros medios propios".

'Tirón de orejas' de la Defensora del Pueblo

La Defensora del Pueblo advierte que los nuevos medicamentos incluidos en la ‘triterapia’, como Sofosbuvir (Sovaldi) Simeprevir (Olysio) y Ribavirina, "no estarían llegando a los presos”.

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Así se recoge en su informe anual, en el que desvela que “hay un cierto número de internos” a los que les han sido prescritos estos fármacos por los especialistas, pero que “no lo estarían recibiendo”.

El motivo, según la Defensora del Pueblo es el dinero, “pues la Administración penitenciaria considera que el importe económico ha de ser satisfecho por las comunidades autónomas, toda vez que se trata de fármacos de dispensación hospitalaria”.

Interior se niega a pagar, las Comunidades tampoco quieren asumir ese coste, y el problema es que la Administración penitenciaria emprende un periplo judicial, dejando al margen a los propios pacientes. Mientras se resuelve la situación“entretanto, los internos enfermos no reciben el tratamiento prescrito y su estado de salud se deteriora”.

Ante esta situación, la Defensor del Pueblo, alegando “motivos humanitarios”, pide a Instituciones Penitenciarias que “proceda al pago de tales fármacos sin perjuicio de que paralelamente se inicien actuaciones judiciales”.

La Defensora del Pueblo también reprende a Instituciones Penitenciarias porque “ha negado el fármaco a los reclusos coinfectados con hepatitis C y VIH, amparándose en que la ficha técnica de los medicamentos no lo contempla”, pero la propia Defensora del Pueblo recuerda que “la Agencia Española del Medicamento advierte de que en esas circunstancias es más necesario todavía”.

"Nos prohíben prescribir los nuevos medicamentos"

La queja de la Defensora del Pueblo viene avalada por la denuncia que han hecho los propios médicos penitenciarios que han sufrido este bloqueo.

Interior obligada a pagar, vía sentencias

Pero hay sentencias que obligan a Instituciones Penitenciarias a pagar estos tratamientos. Eso es a lo que obligó, por ejemplo, el Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Valladolid en diciembre de 2014.

Este tribunal tumbó la demanda que el Ministerio del Interior había presentado contra la Consejería de Castilla y León, gobernada también por el Partido Popular.

Interior, pretendía que fuese esta Comunidad Autónoma la que pagase los medicamentos porque “son de uso hospitalario” (es decir, de competencia regional).

Sin embargo, el juez le recuerda al Ministerio del Interior que “la Agencia Española del Medicamento en ningún momento ha calificado estos medicamentos como de uso hospitalario”, sino que son de “dispensación hospitalaria”, es decir, se consiguen en los hospitales, pero se pueden recibir o bien en los domicilios, o en las prisiones en caso de los reclusos.

En resumen, “la dispensación y el pago, en ambos casos, el obligado es la Administración Penitenciaria, que debe dispensar esos medicamentos, dado que las competencias no han sido transferidas a las Comunidades Autónomas”.

Según figura en la memoria de Instituciones Penitenciarias, el gasto en tratamientos de hepatitis C ha caído un 26,04%, entre 2013 y 2012.

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Ese recorte, es incluso mayor, un 48% menos, si lo comparamos con el gasto que Instituciones Penitenciarias hizo en 2006, entonces se dedicaron 2.706.255,73 euros.