La ministra de Agricultura respalda a la industria láctea multada por Competencia
García Tejerina recuerda que aún puede recurrir la sanción de 88 millones
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, durante su intervención en un desayuno informativo / Fernando Alvarado (EFE)
Madrid
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se ha mostrado preocupada por el impacto económico que puede tener la sanción de 88,2 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia a once empresas y asociaciones de la industria láctea. "Mi preocupación es que esto pueda afectar negativamente a la viabilidad de la industria y con ello repercutir también negativamente en los ganaderos", ha dicho la ministra que es responsable también de la industria alimentaria, en un desayuno informativo en Madrid.
García Tejerina ha recordado que las industrias sancionadas aún pueden recurrir: "Ahora tienen que ver si están conformes o no con la resolución de la CNMC, y en su caso hay procedimientos para que recurran y justifiquen si la situación es tal (como plantea la resolución) o no lo es".
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Es ya la segunda resolución de la CNMC con sanciones a la industria láctea. Se le ha preguntado a la ministra si cree que ahora sí estas empresas van a enmendar sus prácticas de mercado respecto a los ganaderos productores de leche: "Ya necesariamente sí, pero para eso ha trabajado este Gobierno", ha contestado García Tejerina, que ha enumerado las normas puestas en marcha en esta legislatura para el control de la cadena alimentaria, la obligatoriedad de los contratos entre industrias y ganaderos o los controles para evitar prácticas abusivas.
Los ganaderos, molestos
Las organizaciones agrarias se han mostrado sorprendidas y molestas por la posición de la responsable ministerial. Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores remarca que "la CNMC ha abierto un expediente e impuesto sanciones porque aquí se estaban realizando unas prácticas ilegales. Y eso es lo que hay que perseguir. No que alguien se salve de las consecuencias de haber hecho algo ilegal".
Insiste en que las victimas del acuerdo de precios de la industria han sido precisamente los ganaderos. En ello incide también Miguel Blanco, secretario general de COAG. "El Gobierno debería posicionarse en este asunto claramente al lado de los ganaderos, que han sido las víctimas de las prácticas de la industria entre 2000 y 2013".
La resolución de la Comisión de la Competencia estima el beneficio ilícito de las industrias sancionadas en un 10% de su facturación en el período investigado, lo que equivale a 815 millones de euros de beneficio ilícito en conjunto. "Esos 800 millones de euros que han ganado irregularmente por parte de la industria -remarca Blanco- en definitiva son los que se han perdido por parte del sector ganadero".
