Justicia niega a Interior las escuchas sin permiso judicial
Justicia ha enviado al Consejo de Estado un informe con importantes modificaciones sobre la ley de Enjuiciamiento Criminal adoptadas después de recibir los críticos dictámenes del CGPJ y del Consejo Fiscal que calificaron esta medida como inconstitucional
Los ministros de Justicia, Rafael Catalá y de Interior, Jorge Fernández Díaz durante la rueda de prensa. / Paco Campos (EFE)
Madrid
Los cambios afectan sobre todo a la facultad que se daba al Ministro de Interior o al Secretario de Estado de Seguridad para intervenir comunicaciones o interceptar la correspondencia durante 24 horas por delitos que considerasen de especial gravedad. Este artículo se ha suprimido.
Para el fortalecimiento de las garantías procesales, también se modifica la autorización que se concedía a la policía para tomar muestras de ADN de los detenidos sin presencia de un abogado. En este caso se sigue el criterio sentado por el pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que ordena la presencia y asesoramiento de un letrado antes de prestar consentimiento a la recogida del ADN.
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El nuevo texto exige la autorización expresa del juez para que los agentes policiales puedan actuar bajo identidad supuesta en canales cerrados de comunicación, por ejemplo en la persecución de redes de captación o pedófilas.
En cuanto a las medidas para la agilización de la justicia penal, el informe elaborado por el grupo de trabajo conjunto entre Justicia e Interior, sostiene que no es necesario que la policía envié a los juzgados las denuncias que les llegan por delitos cuyo autor no ha sido descubierto. El texto propone que solo se envíen los atestados al juez cuando se trate de delitos contra la vida, la integridad física o la libertad e indemnidad sexual.
El nuevo texto limita la utilización de dispositivos electrónicos para captar y grabar comunicaciones orales directas mantenidas por sospechosos a casos de delitos de terrorismo o cometidos por organizaciones criminales y además cuando el delito este castigado con penas superiores a tres años de cárcel.
El informe enviado al Consejo de Estado el pasado día 2 de Febrero, se presenta como modificaciones al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para la " agilización de la Justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de la unidad de nuevas tecnologías". A partir de ahora, la comisión permanente del Consejo de Estado elaborará un informe sobre las nuevas modificaciones y enviará sus conclusiones al Ministerio de Justicia para su aprobación en Consejo de Ministros.
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
