España expulsará a un activista saharaui
Hassana Alia está condenado por un tribunal militar marroquí acusado de participar en las protestas de El Aiún en 2010
Madrid
Hassanna Alia es un activista saharaui de 26 años que participó en los campamentos de la dignidad de Gdein Izik en 2010. En sus propias palabras: “más de 20.000 saharauis, mujeres y hombres, salimos fuera de la ciudad (El Aaiún) y decidimos no volver a las ciudades hasta que no se cumpliesen nuestros derechos sociales y políticos. Fue la primera vez para nosotros que conseguimos vivir libremente en nuestra tierra”. La protesta pacífica más multitudinaria en la historia del Sahara Occidental que acabó desmantelada violentamente por el ejército marroquí el 8 de noviembre de 2010. “Sacaron todo tipo de armas, quemaron las jaimas, asesinaron a personas…”.
Desde entonces está en el punto de mira del gobierno marroquí juzgado en un proceso repleto de irregularidades. La primera condena fue de 4 meses de prisión, una sentencia que no se llegó a ejecutar.
En 2011 viajó tres meses al País Vasco y cuando faltaban dos para su regreso a El Aaiún, el Gobierno marroquí emitió una orden de busca y captura contra él. Hassanna Alia decidió no regresar y empezar los trámites de solicitud del asilo político español. Desde entonces recorre toda la geografía española contando su historia y luchando contra el incumplimiento de los Derechos Humanos por parte del Gobierno marroquí en Sahara Occidental.
No tuvo noticias del proceso hasta que el 17 de febrero de 2013 el tribunal militar de Rabat sentencia a 24 civiles saharauis acusados de organizar las protestas de Gdein Izik y sin pruebas ni testigos, de matar a un policía marroquí. Ha sido el único que evitó entrar en prisión al encontrarse estudiando en el País Vasco. Sin embargo, los 23 restantes viven un auténtico calvario en la cárcel negra de El Aaiún. Según cuenta Hassana “durante todo este tiempo han sufrido grandes violaciones de los derechos humanos, cinco de mis compañeros han denunciado que han sido violados sexualmente y otros han demostrado ante los observadores cómo los fiscales y los jueces han arrancado sus uñas en las comisarías”.
En caso de llegar a aplicarse lo que pide el Gobierno marroquí, será encarcelado de por vida y teme sufrir las mismas violaciones de sus compañeros.
El pasado 19 de enero recibió una notificación de la policía para acudir a la comisaría más cercana. Allí se le comunicó que el Ministerio del Interior español había denegado su solicitud de asilo político y que tenía un plazo de 15 días para abandonar territorio español. En el documento se interpreta que se le reconoce su labor como activista, el haber sufrido torturas y maltratos y, al mismo tiempo, se le da validez al proceso judicial del tribunal militar marroquí.
La solicitud de asilo del saharaui que vive en el País Vasco estaba avalada por diferentes organismos internacionales, entre ellos la Acnur (agencia de la ONU para los refugiados), mientras que otros organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que el juicio en el que se le condenó, celebrado sin su presencia, “ni fue justo, ni cumplía las garantías mínimas”. Según Hassanna, la denegación está relacionada con los intereses económicos de España y Marruecos y “esos intereses están por encima de los derechos humanos y del pueblo saharaui”.
La única opción que le queda ahora antes de ser devuelto es el recurso ante la Audiencia Nacional, proceso que su abogado ya ha abierto para evitar su expulsión del país. Hassana dice encontrarse “bien pero preocupado”, “aunque animado por todo el apoyo que está recibiendo”.
Bajo el lema “Hassanna Libre, asilo político ahora”, una manifestación recorrerá las calles de Bilbao este sábado, día 31 de enero. 40 organismos sociales, sindicatos y partidos políticos han convocado la movilización para exigir el asilo político para el activista saharaui.
En Madrid, a partir de hoy, viernes, a las 17:00h, está convocada una huelga de hambre que durará hasta el final de los 15 días de límite –próximo 4 de febrero-. Decenas de miembros de alrededor de 70 organizaciones se concentrarán en la T3 del Aeropuerto de Barajas para pedir la concesión del asilo porque aseguran que “su vida teme peligro si le deportan a su país donde será torturado y encarcelado de por vida”.
