Catedráticos de 33 universidades denuncian que el código penal “pisotea la dignidad humana”
Un grupo de 33 catedráticos de derecho penal de universidades públicas de toda España han firmado un manifiesto en el que denuncian en tono muy critico las nuevas reformas penales emprendidas por el gobierno en materia de seguridad ciudadana y piden al próximo mayoría parlamentaria que las anule.
Madrid
Los 33 catedráticos califican como muy graves las iniciativas adoptadas por el gobierno en materia de seguridad ciudadana y de recortes de derechos fundamentales.
Los profesores, denuncian “ el claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad: la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados no a la seguridad de la norma sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a “administrar” la peligrosidad.
Ley regresiva
El manifiesto sitúa el punto fr mira en el proyecto de ley de Seguridad ciudadana porque el gobierno” pretende restringir el derecho de reunión y manifestación, cambiando el “orden público por el orden en las vías públicas”. También denuncian el intento de poner sordina a las manifestaciones por las “fortísimas sanciones con las que se amenaza a los participantes en las manifestaciones y los exorbitantes poderes reconocidos a las fuerzas de seguridad”. Se trata concluyen los juristas de “ una ley claramente regresiva, con la que se pretende convertir en papel mojado buena parte de la declaración de derechos contenida en la Constitución”.
En manos de ignorantes
El colectivo de catedráticos de penal hace un diagnostico muy pesimista por la “pobreza técnica” de las leyes en tramitación pese a que “la calidad de la doctrina penal española está en uno de sus mejores momentos históricos, el Gobierno da a luz una pésima legislación de la mano de ignotos asesores”.
Injustificable cadena perpetúa
Los profesores rechazan además la privatización de las faltas que “alejan a los ciudadanos del servicio público de la Justicia, “privatizando” no pocas infracciones actualmente consideradas faltas y en las que se ven involucrados anualmente decenas de miles de ciudadanos: es el caso de los accidentes de tráfico” y censuran el aumento de “unas penas de prisión que ya son de por sí demasiado altas (pueden llegar hasta los cuarenta años) y a la previsión de una injustificable pena de cadena perpetua que traerá mas presos pero no más seguridad”.
Que se anulen
El documento de los 33 catedráticos finaliza solicitando a la nueva mayoría parlamentaria que se constituya tras la próximas elecciones que derogue de raíz y sin excepciones, las leyes de seguridad privada, de seguridad ciudadana y la nueva reforma penal
Javier Álvarez
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en La Cadena SER donde esta vinculado a la sección de Justicia...
