El sustituto de Pigem está imputado por falsedad

Madrid

El candidato por el Partido Popular en el Senado que ocupa el primer puesto para sustituir a la dimitida vocal del CGPJ, Mercé Pigem, está imputado en el juzgado número 30 de Plaza de Castilla por un delito de falsedad en documento público al alterar presuntamente los estatutos del colegio de procuradores.

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La Audiencia Provincial de Madrid ordenó en el mes de marzo reabrir el caso contra el decano de los procuradores de Madrid, Antonio Álvarez- Buylla, y el juez le tomó declaración como imputado el pasado 12 de junio. En el interrogatorio, Buylla aseguró que no cometió ninguna falsedad en los estatutos del colegio sino que el error se debió a una secretaria del Consejo al enviar los datos sobre el nuevo Estatuto de los Procuradores a la Comunidad de Madrid.

La secretaria de la Junta de Gobierno ha reconocido en su declaración del pasado 22 de octubre, que cometió esa equivocación involuntaria al trasladar un borrador con los datos de los estatutos en lugar del texto corregido. Aun así, el caso sigue abierto y los imputados continúan pidiendo diligencias.

16 millones de euros

La Asociación para la Defensa del Procurador, presentó la querella criminal contra Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros, Decano del Colegio de Procuradores de Madrid, y Ramiro Reynolds Martínez, secretario del mismo, por la presunta falsificación en documento público cometida por ambos en la publicación del Estatuto del Colegio de 25 de enero de 2011, publicado en BOCM nº 20 de esa fecha. Presuntamente habrían falseado tres preceptos estatutarios -arts. 8, 39 y 64.1 c)- todos ellos de singular trascendencia económica para el Colegio y sus colegiados, habiendo permitido la obtención en virtud de la falsedad cometida de más de 16.000.000 de euros, desde al año 2011 hasta la actualidad.

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La Audiencia ordenó reabrir el caso

El Audiencia provincial de Madrid considera que a pesar de que el estatuto de los procuradores esta ahora mismo oficialmente suspendido y anulado por falta de algunos trámites, el supuesto delito de falsedad se pudo llegar a cometer porque, el texto que se envió a la Comunidad de Madrid para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad contenía párrafos adulterados que no fueron aprobados por la Junta General de Procuradores.

Según el tribunal, los hechos denunciados "revisten presuntamente los caracteres de un delito de falsedad en documento público" porque la conducta del decano y del secretario, era objetivamente apta para producir el resultado que querían y lesionar los derechos de los procuradores que votaron los nuevos estatutos.

La Audiencia Provincial de Madrid deja claro que aunque "el estatuto de los procuradores está anulado, lo que implica que la supuesta modificación o alteración de una parte del estatuto carecería de efecto jurídico alguno y estaríamos ante un claro supuesto de tentativa o delito imposible", aun así, el tribunal entiende que el delito se llegó a cometer y hay que investigarlo.