El exalcalde de Toledo niega la mayor
José Manuel Molina afirma que "nunca he adoptado un acuerdo ilegal y no he cobrado una comisión en mi vida" pero tanto la IGAE como la UDEF concluyen que aprobó un alza irregular de 11.3 millones a la empresa que supuestamente pagó la comisión a Cospedal
Madrid
El exalcalde de Toledo del PP, José Manuel Molina, ha comparecido durante una hora como imputado ante el juez Pablo Ruz por la adjudicación a la filial de Sacyr, Sufi, de una contrata de basuras en la ciudad. Un contrato a cambio del que la firma, según la declaración del extesorero Luis Bárcenas, habría pagado una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla-La Mancha en 2007.
A la salida del juzgado, José Manuel Molina ha negado los hechos a preguntas de los periodistas. Ha afirmado que "nunca" ha adoptado "un acuerdo ilegal" y que en su vida ha "cobrado una comisión".
No obstante, tanto la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, han advertido posibles irregularidades en la contratación de la empresa Sufi.
En su informe, los inspectores de la IGAE detallan que cuatro días antes de las elecciones del 27 de mayo de 2007, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, integrada solo por concejales del PP, aprobó una modificación al alza del precio del contrato de 11.427.579,68 euros para mejorar las condiciones de los trabajadores en los 10 años de contrato y cuatro de posible prórroga. Una mejora que según el informe, no debió ser asumida "únicamente por la administración".
La IGAE dice que este acuerdo adoptado exclusivamente por el PP cuatro días antes de que el entonces alcalde, José Manuel Molina, perdiera las elecciones, "sería nulo de pleno derecho" porque fue firmado "omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos".La IGAE constata que el acuerdo "ilegal" de revisión del contrato al alza de Sufi fue ratificado meses después, el 15 de noviembre de 2007, por el nuevo gobierno socialista en Toledo.
El portavoz municipal socialista, Rafael Perezagua, explicó a la SER que tuvieron que admitir el nuevo contrato "por responsabilidad". Romper el acuerdo, según Perezagua, hubiera supuesto que "los trabajadores iban a dejar de cobrar" y "enfrentarse a una demanda" por daños y perjuicios. El portavoz del PSOE recalca que fue el actual ejecutivo de Toledo el que advirtió a Ruz de las supuestas irregularidades en la contratación de la basura.
