La Fiscalía investiga si la cesión de locales públicos para el 9N es delito

Madrid

La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto Diligencias de Investigación para el esclarecimiento de determinados hechos y ha ordenado varias diligencias a la Policia, a la Generalitat y a la empresa encargada de la propaganda y el buzoneo para la consulta.

La orden para la apertura de las diligencias, parte del fiscal General Eduardo Torres Dulce para tratar de esclarecer si la cesión y la utilizacion de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de la administración catalana podría suponer un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional aunque fuera bajo la supervision de voluntarios.

Las Diligencias que la Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado son las siguientes:

1. Remitir oficio al Departament de Ensenyament de la Generalitat a fin de que informe si se han convocado reuniones con responsables de centros públicos en los que se solicita la puesta a disposición de los centros para la realización de la consulta, y si existen órdenes o instrucciones por parte de la Generalitat para la utilización de esos locales.
2. Remitir con carácter urgente oficio al Director General de la Policía-Mossos d’Esquadra, a fin de que informe a esta Fiscalia Superior de la relación de locales o edificios de titularidad pública (Institutos, Dependencias Municipales u Organismos) en los cuales se desarrolle el denominado “Procès Participatiu”, así como identificación de la persona responsable de la dependencia bajo cuya autorización se haya franqueado el acceso a los delegados de las entidades convocantes del referido “Procès Participatiu”.

3. Remitir oficio a la empresa Unipost S.A a fin de que envíe la hoja de encargo, contrato y cuantos documentos obren en su poder relacionados con la distribución o buzoneo de la propaganda relacionada con el denominado “Procés Participatiu” incluyendo el presupuesto, factura pro forma o definitiva y, significativa y especialmente, qué persona o entidad les suministró el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.

Saber antes de actuar

la fiscalia de Cataluña quiere tener todos los datos posibles antes de actuar o saber contra quien actuar. Una vez que el fiscal reuna la informacion relevante estudiara si presenta alguna accion penal contra los autores por un presunto deltio de desobediencia al Tribunal Constitucional.

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1317 locales

La previsión de la Generalitat es que mañana se pueda votar en 942 de los 947 municipios catalanes, en concreto en 1.317 locales con 6.695 mesas con más de 40.000 voluntarios.

Libertad de expresión

El jueves pasado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguro que no se iba a " cercenar de ningún modo la libertad de expresión" y adelanto que "Si el gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico".La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del 9N puede ser constitutiva de delito, han informado fuentes jurídicas.

Según las mismas fuentes, se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas podría suponer un delito, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el proceso.

Esta misma semana, el TC acordó por unanimidad suspender el proceso participativo convocado por la Generalitat para el domingo, así como todas las actuaciones relacionadas con el mismo, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado "proceso de participación ciudadana".

La previsión de la Generalitat es que mañana se pueda votar en 942 de los 947 municipios catalanes, en concreto en 1.317 locales con 6.695 mesas con más de 40.000 voluntarios.

Para llevar a cabo este proceso, se cuenta con la colaboración de los funcionarios que se hayan inscrito como voluntarios, aunque no tendrán "ninguna tarea especial", según la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.

El Gobierno central, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha planteado ante la inminente consulta que si la Generalitat no interviene en la misma, no actuará.

"Si el gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", expuso el ministro.

Ante este planteamiento, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, decidió ayer ceder el protagonismo y "la ejecución" de la consulta a los voluntarios, si bien mantendrá su "responsabilidad" en el proceso y les amparará.