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Las asociaciones judiciales discrepan sobre la advertencia a Mas

Difieren sobre si el Tribunal Constitucional debe apercibir al presidente catalán sobre las consecuencias de celebrar la consulta alternativa

Madrid

La suspensión de la consulta era previsible o el Tribunal Constitucional no tiene facultad para advertir a Artur Mas sobre las consecuencias legales de poner las urnas este domingo. Son algunas de las conclusiones de las asociaciones judiciales sobre la suspensión de la consulta alternativa de la Generalitat por el TC

La asociación Jueces para la Democracia respeta la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la consulta alternativa planteada por la Generalitat de Cataluña. Su portavoz, Joaquim Bosch, dice, sin embargo, que esta cuestión es más dudosa que la anterior en referencia a la suspensión de la primera consulta por el TC. Bosch justifica esta distinción debido a que “el Gobierno no impugnó en la anterior recurso la regulación de este proceso participativo que se está suspendiendo ahora”. Añade que “no nos encontramos ante una consulta sino un proceso de participación y la ley no regula en él las mismas consecuencias jurídicas”. Por el contrario sostiene que el TC no tenía margen para actuar de otra manera y debía suspender la consulta alternativa.

Por su parte desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) aseguran que esta consulta o proceso de participación “era un fraude de ley de la anterior consulta en virtud del decreto de Artur Mas que ya fue suspendido por el TC”. El portavoz de esta asociación, Marcelino Sesmero, señala que la suspensión de la consulta era “esperada”.

La Generalitat de Cataluña ya ha anunciado que el proceso de participación sigue adelante “con todas las consecuencias”, apuntaba el portavoz del gobierno catalán Francesc Homs. El Tribunal Constitucional no ha advertido, de momento, a Artur Mas de las consecuencias de desobedecer la suspensión. Ante esta situación la AJFV sostiene que “es la segunda vez que se intenta hacer una consulta que sabe que no se puede hacer” y añade que por tanto “cualquier advertencia o requerimiento que se le haga a Mas será provechoso para que no se llame nunca a engaño y no se intente quebrar la voluntad de la justicia”, asegura su portavoz. Sesmero añade, sin embargo, que no cree que el TC tenga la facultad de advertir al presidente catalán. “Esa facultad”, afirma el portavoz, “la tienen los tribunales de justicia, y el TC no lo es”.

Sobre la misma cuestión Jueces para la Democracia apunta que el Gobierno ya había pedido esta advertencia al TC pero éste ha considerado innecesario realizarla. “En principio no está previsto en ninguna ley este hecho aunque tampoco hay precedentes”. Bosch comenta que sí que habría un perjuicio si se mantiene la consulta. En ese caso dice que “es posible que el gobierno español pida al TC que marque directrices a la Generalitat para que se cumpla la suspensión”. Señala, no obstante, que esta posibilidad es muy remota.

Desde Jueces para la Democracia creen que si la Generalitat pone urnas este domingo no tendrá consecuencias penales. Sin embargo el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria sostiene que si se colocan urnas en edificios públicos como escuelas se estaría cometiendo malversación de caudales públicos. “No tendría sentido utilizar edificios públicos que son propiedad del Estado para hacer algo que su finalidad es la misma que la consulta suspendida por el TC”, afirma Marcelino Sesmero.

 
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