La maquinaria judicial ultima sus informes para el recurso a la ley de consultas

Los tres organismos judiciales que pueden aportar elementos para que el presidente del Gobierno presente el recurso a la ley de consultas están ultimando sus informes. La fiscalía tendrá que dar su opinión cuando se lo pregunte el Tribunal Constitucional pero Torres Dulce puede concretar este jueves con los fiscales principales de Cataluña cuál sería la estrategia acusatoria en caso de que la consulta llegara a celebrarse. Por su parte, la abogada del Estado y el Consejo de Estado esperan a conocer los detalles de la resolución del Parlament para adaptar su contestación oficial en el recurso contra la ley.

El conclave de fiscales catalanes no se ha convocado por la consulta soberanista. Se trata en principio de una reunión solicitada hace meses por los fiscales de Cataluña para exponer al FGE las inquietudes y necesidades de la fiscalía, y discutir sobre los casos abiertos como el caso Pujol. Pero la convocatoria les va a venir como anillo al dedo para estudiar y plantear la estrategia a seguir por la acusación pública en el caso de que en un futuro hipotético se incumpla la ley.

Los fiscales no actúan de forma premeditada, sino que lo harán cuando sucedan los hechos ilegales, si es que suceden, dentro de unos meses. Mientras tanto, fuentes de la fiscalía aseguran que "es bueno haber recorrido, al menos sobre el papel, el escenario en el que se puede mover la acusación ante ese futuro".

Al encuentro van a acudir, además de Torres Dulce, y el fiscal superior de Cataluña, los fiscales principales de las cuatro provincias catalanas.

Trabajo en fin de semana

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Los letrados de la abogacía del Estado, con la abogada jefe, Marta Silvia, al frente y los miembros de la comisión permanente del Consejo de Estado, con el presidente Landelino Lavilla, ya saben que este fin de semana toca aplicarse a fondo para sacar a delante los informes que servirán de base para la suspensión. De momento habrá Consejo de Ministros extraordinario el viernes por la tarde o el sábado, para autorizar a Rajoy a presentar la demanda.

Algunos han trabajado ya sobre modelos de informes similares a los utilizados para suspender la declaración soberanista de 2013, pero hay que esperar para ver la literalidad de la ley de consultas y luego actuar en derecho.

El presidente Rajoy necesita el informe del Consejo de Estado (preceptivo pero no vinculante) que reunirá a los miembros de su comisión permanente probablemente el sábado y el informe de la abogacía del Estado, antes del lunes para presentar el recurso de suspensión.

El texto se presentara en el registro del Tribunal Constitucional y el pleno de los magistrados que se inicia el martes podría abordar el asunto nada más comenzar. Si cumple los requisitos formales, el recurso será admitido y la ley de consultas podría estar suspendida en media hora, ya que la impugnación del gobierno surte un efecto automático. (Artículo 161 de la Constitución). El tiempo de suspensión cautelar es de cinco meses prorrogables.

Hay tiempo hasta el jueves

En el caso de que el recurso del Gobierno no entre el lunes y puesto que el pleno del tribunal se celebra hasta el jueves, el presidente del Tribunal Constitucional puede incorporar el tema en el orden del día en cualquier momento.

Con la admisión a trámite y la suspensión de la ley, el Constitucional tiene cinco meses para pronunciarse sobre la conveniencia de mantenerla en suspenso, o levantar esta medida cautelar hasta que se pronuncien sobre el fondo del asunto.

El decreto de convocatoria para celebrar la consulta, en el caso de que se apruebe, será recurrido también por el Gobierno.