El Gobierno no ha implantado todavía sus medidas contra la violencia de género

La secretaria de Estado de Igualdad Susana Camarero anuncia en la Cadena Ser que dentro de unas semanas estará listo el nuevo cuestionario policial para mejorar la valoración del riesgo de la víctima y reforzar sus protección. Esta es una de las medidas estrella acordadas en la cumbre ministerial del pasado 7 de abril celebrada tras otro repunte de asesinatos machistas.

Ninguna de las medidas importantes que se aprobaron en el encuentro interministerial para luchar contra la violencia de género se ha puesto en marcha. Todavía no está garantizada la presencia de un agente especializado en todas las comosarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guarcia Civil. Tampoco está implantado el nuevo formulario policial que revisará la valoración de riesgo de las víctimas con el objetivo de mejorar su protección. Un nuevo cuestionario que introduce datos sobre la situación laboral de la maltratada y de su agresor, factores de vulnerabilidad como la discapacidad, ser menor de edad o tener hijos menores a su cargo.

La secretaria de Estado de Igualdad Susana Camarero ha anunciado que este nuevo instrumento que mejorará la respuesta contra la violencia estará a disposición de los agentes dentro de unas semanas.

Susana Camarero asegura que diez años es necesario revisar con nuevas actuaciones la Ley Integral contra la Violencia de Género y añade que "las víctimas tienen más recursos y ayudas que nunca pero deben denunciar para salir del círculo de la violencia".

Hay otras medidas que se anunciaron en la cumbre ministerial del siete que abril que llevará incluso más tiempo ponerlas en marcha porque requieren cambios legales. Por ejemplo, la ampliación de competencias de los juzgados especializados de violencia sobre la mujer va incluida en la reforma del Código Penal. Así que habrá que esperar a la entrada en vigor del nuevo Código Penal para que estos juzgados puedan procesar a los maltratadores que incumplan la orden de alejamiento o instruyan los delitos contra la intimidad, el honor o la imagen de la víctima de violencia.

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También se retrasa otro de los avances anunciados en abril relacionado con las medidas civiles cuando haya hijos menores de edad. Los jueces estarán obligados a pronunciarse de oficio sobre la convenciencia de retirar la custodia o el régimen de visitas al padre maltratador. Esta obligación se llevará a cabo a traves de la Ley de Protección a la Infancia y del Estatuto Jurídico de la Víctima, proyectos ambos aún en tramitación. Lo mismo ocurre con la posibilidad que tendrán las maltratadas de recurrir la concesión de los beneficios y permisos penitenciarios a sus agresores en prisión.