El Gobierno aprueba una suavizada ley de seguridad ciudadana

La ley de Seguridad Ciudadana sale adelante pero mucho más suavizada que el anteproyecto inicial aprobado el pasado mes de noviembre. Tras las críticas ciudadanas y las recomendaciones de todos los órganos consultivos y asociaciones la ley pierde el cariz policial que tenía. Se mantiene la entrada y registro en los términos que recogía la norma vigente , la identificación de las personas se limita a los supuestos en los que la policía lo considere razonable para prevenir un delito y se regulan los cacheos corporales. El Ministerio del Interior asegura que "se han asumido todas las observaciones esenciales que se han formulado para mejorar las condiciones de la seguridad ciudadana, con respeto a la libertad y a la seguridad jurídica".

El Gobierno ha rectificado y ha suavizado la ley de Seguridad Ciudadana. Tras las críticas ciudadanas y las recomendaciones de todos los órganos consultivos y asociaciones la ley que está sobre la mesa del Consejo de Ministros no tiene nada que ver con el anteproyecto que se aprobó el pasado mes de noviembre. Durante los últimos siete meses el anteproyecto aprobado por el Gobierno se ha sometido al exámen de numerosos órganos consultivos que han cuestionado duramente la ley de Seguridad Ciudadana. Tras las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del Consejo fiscal, de la Agencia Europea de Protección de Datos , de la FEMP y de Amnistía Internacional la ley ha sufrido muchas modificaciones.

El catálogo de infracciones es uno de los capítulos con mayores cambios. El borrador anterior tenía 58 y el proyecto actual recoge 47. Se mantiene la entrada y registro en los términos que recogía la norma vigente y la identificación de las personas se limita a los supuestos en los que la policía lo considere razonable para prevenir un delito. Además por primera vez se regulan los cacheos corporales: solo se podrán hacer cuando haya motivos para suponer que pueden esclarecer un delito.

Otro asunto que fue polémico fueron las concentraciones ante el Congreso. Tras las modificaciones las reuniones ante el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos solo serán faltas graves cuando ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana.

La cuantía de las sanciones se mantiene igual. Las infracciones muy graves serán castigadas de 30.001 euros a 600.000, las graves con entre 601 a 30.000 euros y las leves con multas de 100 a 600 euros. Hay una novedad para las sanciones: para las infracciones muy graves y graves las multas se dividirán en tres tramos correspondientes a los grados mínimo, medio y máximo.

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El Ministerio del Interior asegura que "se han asumido todas las observaciones esenciales que se han formulado para mejorar las condiciones de la seguridad ciudadana, con respeto a la libertad y a la seguridad jurídica".