El Poder Judicial avala el aforamiento de la familia real y pide limitarlo al resto de cargos

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado, con trece votos a favor y siete en contra, su informe definitivo sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El texto avala el aforamiento de la familia real pero pide limitarlo en el caso del resto de cargos públicos, al mismo tiempo que da el visto bueno a la reforma de la justicia universal impulsada por el PP, aunque sin pronunciarse sobre la puesta en libertad de narcotraficantes.

Con trece votos a favor y siete en contra, el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el informe que recoge su opinión oficial sobre la reforma de la justicia impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Un texto que aprueba en líneas generales el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobando el aforamiento de la familia real y la reforma de la justicia universal.

Los vocales hacen una "valoración positiva" del aforamiento de la familia real, incluyendo a los reyes actuales, su heredero y don Juan Carlos y Doña Sofía, "al tratarse de personas consideradas de la máxima relevancia del Estado". Sobre Juan Carlos I y la reina Sofía, añaden también que este aforamiento es necesario "por circunstancias sobrevenidas a la elaboración de este Anteproyecto, de conocimiento público".

Una consideración que contrasta con la que hacen los vocales inmediatamente después sobre el aforamiento, pero del resto de cargos públicos del poder ejecutivo, judicial y legislativo: "El aforamiento procesal causa varios problemas en el procedimiento y conduce en ocasiones a situaciones de difícil comprensión y puede significar una afectación del principio de igualdad procesal", añadiendo que el aforamiento de cargos públicos es una anomalía en los países de nuestro entorno: "En el Derecho comparado, o bien no existe el aforamiento, o los aforados son muy pocos". Por esto recomiendan limitar el aforamiento de cargos públicos a aquellos asuntos que tengan que ver con el desempeño de su función, y que no pueda extenderse cuando haya abandonado su cargo.

Sobre la reforma de la justicia universal impulsada por el Partido Popular, los vocales avalan la nueva ley y señalan que el Gobierno ha actuado dentro de sus competencias: "No existe una norma internacional general que obligue a los Estados a incorporar el principio de justicia universal a sus leyes nacionales de atribución de jurisdicción penal a sus tribunales". Sí piden al ejecutivo que redacte de forma más clara la norma para evitar "controversias" en su interpretación, y rechazan pronunciarse sobre la liberación de narcotraficantes dado que el Tribunal Supremo tendrá que hacerlo dentro de poco.

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Críticas a los tres jueces investigadores

En su informe, el Poder Judicial pide algunos cambios a Gallardón de cara a la tramitación definitiva de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Critican la propuesta que contempla que sean tres jueces, y no uno como hasta ahora, los que investiguen grandes causas judiciales: constituye "un sistema disfuncional para una adecuada y ágil instrucción penal". Creen que esta instrucción colegiada entorpecería las investigaciones, señalando que el verdadero motivo para esta reforma es una desconfianza hacia el juez: "Lo que subyace es una desconfianza ante el Juez de instrucción en relación con la entidad que pueda tener un determinado asunto, sospechando que la investigación y las resoluciones puedan venir determinadas por la presión ante la relevancia del asunto. Tal temor no viene respaldado por datos objetivos ni por los casos de instrucciones especialmente relevantes que han existido o existen actualmente".

Los vocales también piden al ministro que retire los artículos que convierten en vinculante de forma automática parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y solicitan mantener la figura de los jueces decanos y las juntas de jueces.

Los jueces no pueden opinar

El texto avala aquellos aspectos de la futura ley que impiden a los jueces opinar en medios de comunicación sobre procedimiento judiciales abiertos al menos hasta que exista una sentencia. Creen los vocales que esta medida preserva "la independencia e imparcialidad de la justicia", aunque piden que se suavice este precepto en lo tocante a las asociaciones judiciales.