El Poder Judicial pide regular el aforamiento de don Juan Carlos y doña Sofía

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ya ha concluido el informe sobre el anteproyecto de la ley orgánica del Poder Judicial. El borrador, al que ha tenido acceso la Cadena SER, avala la reforma de la jurisdicción universal y pide regular el estatuto jurídico de don Juan Carlos y doña Sofía atribuyéndoles la prerrogativa del aforamiento.

El Poder Judicial ya tiene listo el borrador del informe sobre el anteproyecto de la ley orgánica del Poder Judicial. El documento, elaborado por los vocales de la comisión permanente, pide que se regule el nuevo estatuto jurídico de don Juan Carlos y de doña Sofía y que se les atribuya la prerrogativa del aforamiento. Además, aplaude que obtengan este privilegio la reina, el futuro heredero y su consorte. A partir de aquí todo son críticas a la figura de los aforados. El Poder Judicial pide que se reduzca el número de personas que gozan de este privilegio y que se vincule necesariamente a los hechos cometidos en el ejercicio de su profesión o cargo.

La polémica reforma de la justicia universal recibe el respaldo de los vocales. En los casos de genocidio y delitos de lesa humanidad, por ejemplo, el genocidio del Tibet que afectó al Gobierno chino, el borrador subraya que los tribunales se abstendrán de intervenir en casos en los que no haya implicados nacionales españoles "debiendo informar de la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional". En los casos de crímenes de guerra, por ejemplo la muerte del cámara de Telecinco José Couso, el texto apoya que los tribunales españoles conozcan del asunto siempre y cuando "la persona debidamente acusada de haber cometido el delito esté presente ante dicho órgano judicial". Sobre los narcobarcos, los vocales se centran en cuestiones semánticas reclamando cambiar el concepto espacios marinos por espacios marítimos.

El informe critica la instrucción colegiada al entender que se trata de "un sistema disfuncional para una adecuada y ágil instrucción penal" y avala la organización y funcionamiento del nuevo Consejo General del Poder Judicial. La elección y la existencia de vocales con dedicación exclusiva y sin ella. También reclama más competencias para los consejos autonómicos de justicia y que se deje bien claro que la primera función del órgano de gobierno de los jueces es la de defender la independencia judicial.