El Supremo decide el futuro de las prospecciones petrolíferas en Canarias
Los jueces de lo contencioso-administrativo debaten este martes si estiman alguno de los siete recursos presentados contra la autorización del Gobierno central para realizar sondeos para futuras prospecciones petrolíferas en las islas
Los jueces de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se reúnen a puerta cerrada este martes para debatir sobre los siete recursos interpuestos contra la autorización del Gobierno central de realizar sondeos para futuras prospecciones petrolíferas en las Canarias. Fuentes jurídicas aseguran que es poco previsible que los jueces terminen sus deliberaciones este martes, aunque decidan adelantar el fallo.
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El futuro de las prospecciones petrolíferas en las Canarias está en manos del Tribunal Supremo. Este martes los jueces de lo contencioso-administrativo del alto tribunal se reúnen a puerta cerrada para debatir los siete recursos interpuestos contra las prospecciones petrolíferas en Canarias: lo harán con el informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente encima de la mesa. El Supremo aplazó una decisión definitiva para sumar más información, cuando en principio estaba previsto para principios del mes de abril.
Nueve permisos de investigación de hidrocarburos sometidos a examen por los jueces del Tribunal Supremo. La deliberación será larga, ya que los jueces tienen que estudiar siete recursos, cada uno con unos argumentos jurídicos distintos. Fuentes del alto tribunal estiman que, por tanto, es poco previsible que los jueces concluyan sus deliberaciones este martes, aunque puedan decidir adelantar el fallo de la que sea su resolución.
Una década de recursos ante el Supremo
No será la primera vez en que los jueces del Tribunal Supremo se pronuncien sobre las exploraciones de Repsol en aguas canarias en busca de petróleo. Ya en 2004, la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal anuló los permisos concedidos a Repsol en 2001 para estas prospecciones, por entender que se habían omitido las medidas de protección medioambiental que obliga la Ley. El Tribunal Supremo tuvo que volver a pronunciarse en agosto de 2012, cuando se interpusieron nuevos recursos contra nuevos permisos concedidos, pero en esta ocasión dando su aval: en ese caso el Real Decreto sí incorporaba las medidas de protección medioambiental requeridas.
