El informe conservador de la ley del aborto también exige cambios a Gallardón

El informe de la vocal Carmen Llombart, del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial, reconoce que el anteproyecto de ley del aborto planteado por el ministro Ruiz-Gallardón es constitucional, pero realiza críticas por entender que varios de sus puntos son "imprecisos". Este informe y el de la vocal progresista Pilar Sepúlveda serán debatidos la semana que viene en un pleno extraordinario, del que saldrá un informe definitivo que será enviado al Gobierno.

El informe de la vocal conservadora del Poder Judicial, Carmen Llombart, reconoce que la reforma de la ley del aborto propuesta por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón es constitucional, pero exige una serie de cambios debido a las "imprecisiones y vaguedades" en varios puntos de la norma que generan indefensión jurídica en la mujer: "No es sólo la voluntad de la mujer lo que está en juego, sino sobre todo su propia vida y su salud, incluso su supervivencia". Pide más protección para las menores de edad que aborten, y que la ley neutralice el efecto de la objeción de conciencia de un médico a interrumpir un embarazo.

La vocal conservadora coincide incluso en algunos de sus puntos con el informe redactado por la vocal progresista, Pilar Sepúlveda. Ambos estarán sobre la mesa del pleno del Consejo General del Poder Judicial la semana que viene, de cara a emitir un documento definitivo sobre esta reforma de la ley del aborto.

La crítica más destacada del informe se centra en el contenido general de la norma, señalando que precisamente la ley de protección de los derechos de la mujer embarazada no se centre en proteger la maternidad: "Se echa en falta que el anteproyecto no contenga una política de protección de la maternidad, desligada de la eventual interrupción del embarazo, una protección y cobertura social de la maternidad que probablemente sea el instrumento más adecuado para proteger tanto la maternidad como la vida del concebido". Para Llombart, limitar la protección de la mujer embarazada a los casos del aborto "puede resultar discriminatorio".

Críticas iguales en ambos informes

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Las críticas de Carmen Llombart al anteproyecto propuesto por Ruiz-Gallardón incluso coinciden con el informe elaborado por la vocal progresista, Pilar Sepúlveda, en algunos de sus puntos: define como "desproporcionado" que el Gobierno exija que los informes médicos que avalen la interrupción del embarazo en una mujer tengan que proceder de profesionales que trabajen en un centro distinto al que va a practicar el aborto.

Malformación del feto: que el daño psicológico no sea una exigencia

La vocal del Poder Judicial pide que se despenalice el aborto en caso de malformación del feto, y señala que el daño psicológico que pueda sufrir una embarazada en estas circunstancias no puede ser una exigencia para permitir la interrupción del embarazo: "Con las escasas, cuando no nulas, posibilidad de supervivencia del neonato, no existe contraposición de intereses entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido, dada la inviabilidad del mismo". Afirma incluso que no es necesario que se practiquen reconocimientos psicológicos a la embarazada para confirmar este extremo.

Neutralizar la objeción de conciencia

El informe de la vocal Carmen Llombart también pide que la objeción de conciencia de los médicos no sea un obstáculo para que una mujer pueda abortar, si la situación se ajusta a los parámetros de la nueva normativa: exige que todos los centros, públicos y privados, tengan material sanitario y facultativos que no se acojan a la objeción de conciencia y se nieguen a practicar un aborto, "a fin de garantizar que la mujer pueda ser intervenida".

Un defensor judicial para las menores

El informe de Llombart también pide cambios en aquellos casos en los que haya menores de edad implicadas: recuerda que "su voluntad no puede ser sustituida" y recomienda que exista un defensor judicial para los casos en los que la niña quiera abortar y sus padres o tutores no. También cree que no es compatible que la Fiscalía pueda ser designada como defensa de la mujer cuando es posible que el propio Ministerio Público se oponga a que se practique un aborto.

Y critica que la norma permita que un concepto tan genérico como "los demás interesados" regule quién puede intervenir en un proceso de interrupción del embarazo en el caso de una menor de edad: "No se alcanza a vislumbrar qué otros interesados pueden existir en una cuestión que afecta fundamental e incluso estrictamente a la mujer".

Imprecisiones que desprotegen a la mujer

El informe de Llombart también pone sobre la mesa "imprecisiones y vaguedades" de la norma que, según explica, generan una insegurida jurídica tanto para la mujer como para el juez que tiene que aplicar la norma: por ejemplo, no especifica en qué supuestos un médico puede interrumpir un embarazo de urgencia sin el consentimiento de la mujer, ni tampoco cómo tiene que prestar su consentimiento una mujer para abortar. En este punto, la vocal recomienda que la mujer deje este consentimiento por escrito.

Un pleno extraordinario sobre el aborto

Según han informado fuentes jurídicas, los dos informes sobre el anteproyecto de reforma de ley del aborto serán estudiados por el Poder Judicial en un pleno extraordinario la próxima semana, cuando en principio iba a ser puesto sobre la mesa este jueves. En los últimos meses este debate se ha ido retrasando a medida que las ponentes de los informes han ido solicitando prórrogas.