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Más de 120 casos de agresión contra empleados de las oficinas del paro en 2013

El Sindicato de funcionarios CSI-F asegura que las situaciones violentas son más de las registradas y que se producen a diario

Los trabajadores de las oficinas del paro se enfrentan a diario con ciudadanos en situaciones desesperadas a los que tienen que denegar prestaciones o subsidios. Se crean así momentos de tensión donde los empleados públicos están desprotegidos. Solo en 2013 se registraron 124 comunicaciones por situaciones violentas en los diferentes centros del Servicio Público de Empleo Estatal, según un informe del Ministerio de Empleo. Una cifra que tanto el propio Gobierno como el sindicato de funcionarios CSI-F aseguran que no refleja la realidad.

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"Hay 13.000.000 de gestiones de cara al público al año en estos centros. Ese dato no se corresponde con la realidad. Todos los días se producen llamadas a la policía con algún tipo de agresión", apunta Marian Mur, portavoz de CSI-F. El Gobierno reconoce en su informe que muchos de los incidentes no se denuncian por "miedo a las represalias o porque piensan que no sirve para nada".

Las agresiones verbales son las más comunes, en concreto son 86 de esas 124, pero también hay casos donde se producen momentos de violencia que llegan a las manos, en concreto, 33 del total, según el documento. "El insulto es algo muy habitual, parece que está dentro del sueldo de los empleados públicos. Incluso hay una nueva tendencia de grabar con el teléfono móvil a los trabajadores y amenazarles con subir el vídeo a las redes sociales. También se han dado casos donde les rompen el coche o les persiguen hasta sus casas", explica Mur.

La mayoría de estas situaciones violentas se producen cuando los trabajadores deniegan prestaciones o subsidios (17,74%) a los ciudadanos. Pero también existen otros casos como no tener cita previa y presentarse en la oficina fuera de hora (16,94%), o que el ciudadano que acude a estos centros no pueda cobrar el paro por problemas con la documentación (16,94%).

"Ha llegado el momento de que hagan algo. Los trabajadores que se enfrentan a esto sufren ansiedad, nerviosismo, angustia, miedo...", señala Mur. La presión del sindicato ha ayudado a que el Gobierno dé el primer paso. El Ministerio de Empleo ha creado una póliza de seguro conjunta para los trabajadores de las oficinas públicas del paro, que empezó a funcionar el pasado 1 de abril. Este seguro está destinado precisamente a defender jurídicamente a los empleados que se enfrenten a situaciones violentas en el ejercicio de su trabajo.

Empleo reconoce como agresión "cualquier acto de un tercero que cause lesiones en la persona o en los intereses del empleado, así como los insultos, amenazas, intimidaciones o coacciones". Esta póliza correrá con los gastos judiciales que conlleva la denuncia. También con la reclamación de los daños y perjuicios. Reconoce los daños corporales, inmateriales y materiales que puedan sufrir los trabajadores.

Desde CSI-F aplauden esta medida y reconocen que el Gobierno ha mostrado su disposición a colaborar en la creación de un protocolo de defensa de todos los trabajadores públicos. Sin embargo, el sindicato explica que el problema se podría solucionar con más medidas de seguridad. "La denuncia es a posteriori, si hay una prevención, una disuasión, con medidas eficaces, con controles de seguridad... En muchos casos no sería necesaria esa póliza", señala Mur. El ministerio recoge en su informe que muchos trabajadores se encuentran "desprotegidos por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas".

En un 37,4% de los casos no tuvieron que intervenir ni la policía ni la empresa de seguridad. Frente al 15,45% de los casos en los que sí fue necesaria la intervención de las Fuerzas de Seguridad; y también en ese mismo porcentaje tuvo que mediar la empresa de seguridad. Y en un 31,7% de las situaciones violentas fue necesario que policía y empresa de seguridad intervinieran para poner fin al conflicto.

Sobre todo son mujeres quienes han sufrido las agresiones (un 52% frente al 36,5% de hombres) pero porque en la plantilla de las oficinas de empleo ellas son mayoría. Las Comunidades Autónoma que más incidentes han recibido son Alicante (14), Madrid (13) y Tarragona (12).

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